La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) solicitó ser incluida en el diálogo sobre la reforma al Código Civil de San Luis Potosí que busca regular el costo del arrendamiento en la entidad. El presidente del organismo en la capital potosina, Neil Castro Ortega, cuestionó que el aumento anual de las rentas se limite únicamente al nivel de inflación.
En entrevista, el representante del sector inmobiliario señaló que la propuesta, que plantea modificar el artículo 2282 del Código Civil para establecer como tope del incremento anual de las rentas la inflación registrada el año anterior, no considera las diferencias entre distintos tipos de vivienda y fraccionamientos.
Castro Ortega explicó que no es lo mismo aplicar este criterio en viviendas de interés social que en desarrollos residenciales donde los propietarios deben cubrir gastos adicionales como mantenimiento, seguridad privada, servicios comunes y amenidades.
“Tratar de meter un tráiler donde cabe un vochito no se va a poder”, comentó al referirse a la intención de aplicar una regla general para todos los tipos de arrendamiento sin considerar las características de cada desarrollo habitacional.
El dirigente inmobiliario advirtió que en algunos fraccionamientos los costos operativos pueden incrementarse por factores que no necesariamente están vinculados al índice inflacionario, lo que dificultaría cubrir gastos básicos si el aumento de la renta se limita únicamente a ese indicador.
“En este último tipo de fraccionamientos dirían que el alza de la renta se exprese en términos del índice de precios al consumidor, pero ¿luego cómo voy a cobrar lo que me subieron de los gastos operativos?”, cuestionó.
Añadió que el mantenimiento de los fraccionamientos y los servicios asociados a la vivienda presentan variaciones constantes e imprevistos que obligan a mantener esquemas de renta acordes con los costos reales de operación.
Ante este escenario, consideró necesario que cualquier reforma contemple fórmulas diferenciadas según el tipo de vivienda o desarrollo habitacional, de manera que se tomen en cuenta los gastos operativos que implica cada modalidad de arrendamiento.
Finalmente, el presidente de AMPI en San Luis Potosí señaló que, aunque la discusión suele enfocarse en el sector de vivienda de interés social, aplicar la misma regulación a todo el mercado inmobiliario podría generar distorsiones y dificultades en la operación de los arrendamientos.
