jueves, julio 18, 2024

Reparación del daño entrampa negociación de padres de los 43 de Ayotzinapa con Segob

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La mayoría de las familias rechazan recibir una compensación económica antes de que se resuelvan otros pendientes; empresario guerrerense promueve la oferta gubernamental como retribución por sus años de lucha.

Mientras en la Secretaría de Gobernación se sostiene que una compensación económica es necesaria para las familias, después de tantos años de haber dejado sus fuentes de empleo para buscar a sus hijos, y que aceptarla no debilitaría la lucha, desde el Comité de Ayotzinapa, la perspectiva es la contraria, porque desde las primeras semanas el gobierno de Enrique Peña Nieto trató de utilizarla como gancho para dividir y desmovilizar.

Además de defender a sus abogados, quienes han sido criticados por el presidente Andrés Manuel López Obrado, la mayoría de los padres de los 43 normalistas consideran que antes que pensar en la reparación del daño se tienen que resolver varios pendientes, como la información que el Ejército se ha negado entregarles.

En cambio, una corriente impulsada por el empresario guerrerense Pedro Segura Valladare ha tratado de convencerlos de que recibir una retribución económica debería ser una de las principales exigencias de los familiares del movimiento.

Las diferencias entre el gobierno federal y el Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa han alcanzado nuevas alturas con las acusaciones directas que el presidente dirige contra los representantes legales de las víctimas, y con la inclusión en las reuniones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ, encabezada por el subsecretario de Gobernación Arturo Medina) de un pequeño grupo de padres que tutela el empresario guerrerense Pedro Segura Valladares, cercano al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca –hoy preso y acusado de ordenar la desaparición de los 43 normalistas– y al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, de cuya participación en los crímenes también se sospecha.

En Gobernación no se toma en cuenta el papel y las conexiones de Pedro Segura en este caso. Además, insiste en que todos los familiares de los 43, incluidos los autodenominados “excluidos”, tienen los mismos derechos, aunque quien actúa como vocero del grupo minoritario sea Felipe de la Cruz, que no es pariente de algún desaparecido sino tío de un sobreviviente.

La Segob insiste en que los temores de que se produzca una suplantación del sector mayoritario por el disidente son tanto infundados como técnicamente improcedentes, porque es el primero el que ostenta la representación formal ante la CoVAJ.

En la escuela de Ayotzinapa, sin embargo, crece la desconfianza. Primero, por la defensa cerrada del Ejército que hace López Obrador, quien asegura que las fuerzas armadas han colaborado a cabalidad, así como por los señalamientos que el Ejecutivo constantemente dirige contra entidades y figuras que el Comité de Padres y Madres considera que han hecho aportaciones clave a las investigaciones del caso.

Respecto del grupo de Pedro Segura, la posición es tajante: “No estamos de acuerdo (en acomodarse con ellos en la CoVAJ) porque son unos traidores”, dice Cristina Bautista, madre del desaparecido Benjamín Ascencio Bautista y una de cinco representantes de los familiares ante la Comisión.
“¿Cómo pueden esos padres decir que Abarca es inocente e ir a marchar para que lo liberen, a sabiendas de que él mandó matar a los estudiantes?”, cuestiona la señora Bautista.
“Lo que están buscando [los minoritarios] es la reparación del daño, o sea, el dinero”, denuncia. “Y tienen derecho, como cualquier padre. Pero no nos vamos a sentar con traidores”.

“Nos están insultando”
En la versión de Andrés Manuel López Obrador, expuesta en 19 páginas de su último libro ‘¡Gracias!’, prácticamente todos los profesionales y entidades en los que ha confiado el Comité de Padres y Madres han saboteado el avance de la verdad y la justicia, empezando por el Grupo Internacional de Expertos Independientes –GIEI, que se autodisolvió en 2023–, pasando por el anterior fiscal especializado Omar Gómez Trejo –quien renunció en 2022–, y cerrando con los únicos que permanecen activos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, representado por el abogado Vidulfo Rosales, y el Centro Pro, dirigido por Santiago Aguirre.

En Gobernación, se piensa que Rosales y Aguirre impiden que las Madres y los Padres conozcan algunos datos significativos, que influyen para que no se reúnan con algunas personas clave ni que puedan tomar decisiones por su cuenta. Por otro lado, la dependencia parece no darle importancia a que el mismo Pedro Segura aparece en el expediente del caso, denunciado por haber presuntamente ayudado a los hermanos Covarrubias, líderes de la banda Guerreros Unidos, a desaparecer a los estudiantes.

Tampoco se considera relevante que Segura suele exhibir en sus redes sociales la influencia que tiene sobre el grupo minoritario. En los videos que publica, aparece con ellos ofreciéndoles “apoyo” aparentemente económico y explicándoles que tienen que exigir que el abogado Rosales deje de representar al Comité.

“Nos está insultando”, reclama Cristina Bautista al gobierno cuando este afirma que los representantes legales controlan a las madres y los padres. “Como somos campesinos, pues el presidente nos dijo ‘lean el informe’, ¡claro que hemos leído! Claro que al principio, hace nueve años, no sabíamos porque nos la pasábamos llorando. Luego tuvimos que tomar el micrófono, hablar sobre lo que leímos. No somos tontos que los abogados están manipulando”.
“Está equivocado el presidente”, continúa Bautista. Afirma que gracias a los abogados de Tlachinollan, del Centro Pro, de Serapaz (ONG que fomenta el diálogo y la paz) y de Fundar Centro de Análisis e Investigación, “el gobierno anterior no nos pudo engañar. No nos dieron falsos restos [de sus hijos, porque] ellos de inmediato pidieron que los analizaran los peritos argentinos, porque sabían como hace el gobierno. Y sacaron las pruebas de ADN. Y pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trajeran a los expertos [del GIEI]. Ahora el presidente está diciendo lo mismo, diferente pero es igual, descalificando a los expertos, a (el ex fiscal especial) Omar Gómez Trejo, a los abogados. Yo he estado presente todos estos nueve años y cinco meses. Que no me vengan a decir que los abogados enmarañaron la investigación”.

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