La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) se manifestó en contra de visiones recaudatorias que vulneren los ahorros de la ciudadanía.
En un pronunciamiento público, la JUFED manifestó su preocupación por la difusión de posturas al interior de la Suprema Corte que desdibujan la función de la justicia constitucional.
Hace una semana, la Suprema Corte estableció que las personas que reciben fondos de una Afore como beneficiarias del trabajador fallecido no deben pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR).
«Para la JUFED, el debate jurídico que se ha suscitado a raíz de las propuestas que buscan gravar con el Impuesto sobre la Renta (ISR) los recursos de las Afores ‘heredadas’, así como los planteamientos para gravar herencias y legados, que resaltan la necesidad de contar con juzgadoras y juzgadores con un profundo sentido de la equidad y la legalidad.
«Las posturas que sugieren considerar dichos fondos acumulados como un ingreso gravable, bajo el argumento de que el beneficiario no los generó con su esfuerzo, no representan un criterio basado en el respeto a la equidad. Los recursos acumulados en una cuenta de Afore constituyen el patrimonio de vida que una persona trabajadora generó con su esfuerzo diario, cuya finalidad es brindar estabilidad y protección económica a su familia tras su fallecimiento», indicó la Asociación.
En opinión de Jueces y Magistrados, la impartición de justicia no debe responder a visiones impositivas que ensanchen las desigualdades bajo una «óptica recaudatoria», sino a la salvaguarda de los derechos fundamentales, en particular los relacionados con la seguridad social, de las y los mexicanos.
«Pretender cobrar impuestos sobre los ahorros de un trabajador fallecido no solo desvirtúa la naturaleza de la previsión social, sino que afecta de manera directa el sustento de los deudos.
«La JUFED rechaza que se pretenda usar a la Suprema Corte y a los tribunales del País bajo la consigna de dogmas ideológicos. La función constitucional del Poder Judicial de la Federación no es actuar como una entidad de diseño fiscal ni forzar una ‘redistribución de la riqueza’ a través de la vía impositiva; esa facultad corresponde al Poder Legislativo. Los tribunales de la República no pueden ni deben convertirse en oficinas de recaudación ni en agentes de agendas políticas particulares, incluso si estas se ostentan bajo discursos populares», indicó.
Para la dirigencia de la JUFED este escenario evidencia que la contradicción de criterios y el discernimiento especializado son herramientas democráticas fundamentales del sistema judicial, y que sólo la autonomía judicial es la garantía para que los derechos de la ciudadanía sean defendidos con apego estricto a la Constitución.
«Atribuir a la judicatura la obligación de capturar los ahorros familiares de las y los trabajadores fallecidos argumentando que estos ‘reproducen desigualdades sociales’ implica desnaturalizar la esencia de la justicia constitucional, que busca otorgar certeza jurídica.
«Solo a través de una justicia, ajena a consignas políticas o ideológicas, se puede garantizar a la ciudadanía una protección efectiva para que su patrimonio familiar no se vea mermado por interpretaciones que confunden la equidad con la carga tributaria», planteó.
