La senadora Ruth González Silva propuso abrir el debate para modificar la legislación y endurecer las sanciones contra menores de edad que cometan homicidios, luego del asesinato de dos profesoras en un bachillerato privado en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
El caso, que involucró a un adolescente de 15 años armado con un rifle AR-15, reactivó la discusión sobre los límites del sistema de justicia para menores, donde actualmente la pena máxima es de cinco años de internamiento.
La legisladora consideró que este tipo de delitos no pueden seguir tratándose bajo los mismos criterios: “Desde el momento en que se cometen estos actos, hay conciencia. Ya no los podemos juzgar como niños”, afirmó.
González Silva señaló que las sanciones actuales resultan insuficientes frente a la gravedad de los hechos, al advertir que no corresponden al daño causado ni generan un efecto disuasivo.
“Cinco años no reparan el daño ni devuelven la vida a las víctimas, pero sí necesitamos sanciones ejemplares”, sostuvo.
El planteamiento abre una discusión de fondo sobre el modelo de justicia juvenil en México, que privilegia la reinserción social sobre el castigo, incluso en delitos graves.
La senadora adelantó que la propuesta deberá analizarse al interior de su grupo parlamentario o presentarse como iniciativa individual, con el objetivo de revisar el marco legal vigente y su aplicación en casos de alto impacto.
El tema también pone sobre la mesa el equilibrio entre derechos de los menores, responsabilidad penal y exigencias sociales de justicia ante crímenes violentos.
Por ahora, la discusión se perfila como uno de los debates legislativos más sensibles, al involucrar tanto la protección de la infancia como la respuesta del Estado frente a delitos de extrema gravedad.
