La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puso en duda la constitucionalidad de la reforma electoral aprobada en San Luis Potosí que obliga a los partidos políticos a postular exclusivamente a una mujer para la gubernatura en el proceso electoral de 2027, y reiteró su postura en contra del nepotismo en los cargos de elección popular.
Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria federal se refirió a la reforma conocida como la “Ley Gobernadora” o “Ley Ruth”, y señaló que, aunque la paridad de género ha sido un avance histórico, existe un debate jurídico sobre si es constitucional imponer el género de la candidatura para un año específico.
Sheinbaum informó que ha conversado sobre el tema con el ministro en retiro Arturo Saldívar, y recordó que en años anteriores se celebró que el Instituto Nacional Electoral (INE) estableciera la paridad en las candidaturas como una medida para corregir desigualdades históricas.
“Creo que está bien que se legisle para que se nos dé oportunidad a las mujeres. Eso ha permitido una mayor participación en la vida pública y ha ayudado a resolver una desigualdad histórica”, expresó.
No obstante, advirtió que la obligatoriedad de postular a una mujer o a un hombre en un proceso electoral determinado debe analizarse con cuidado desde el punto de vista constitucional.
“En el tema de poner a una mujer o a un hombre para un año o para otro, sí hay que ver si está dentro de la Constitución”, subrayó.
En el mismo espacio, la presidenta abordó el tema del nepotismo y reiteró su rechazo a la herencia de cargos públicos entre familiares. Recordó que el Congreso de la Unión ya aprobó una reforma para prohibir que familiares directos —hasta el cuarto grado— ocupen el mismo cargo de elección popular a partir de 2030.
Sheinbaum añadió que Morena aplicará esta restricción desde el proceso electoral de 2027.
“Ustedes conocen mi opinión. No creo que se deba dejar a un familiar”, afirmó.
Las declaraciones de la presidenta se dan en un contexto de debate nacional sobre los alcances de las reformas electorales locales y su posible revisión por instancias jurisdiccionales, en especial aquellas relacionadas con paridad de género y reglas de postulación.
