La resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cayó como un eco poderoso en los pasillos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Para el rector Alejandro Zermeño, no se trata solo de un cambio jurídico: podría ser el inicio de una tormenta que alcance a todas las universidades públicas del país.
Zermeño habló sin rodeos. Dijo que el fallo sobre el cobro de cuotas podría convertirse en un precedente de consecuencias severas si no viene acompañado del dinero que la propia ley exige. La Ley General de Educación Superior, vigente desde 2020, establece la gratuidad… pero también afirma que solo puede aplicarse cuando la federación asigne un presupuesto especial para ello.
Ese presupuesto no ha llegado.
Y la cifra no es menor: 14 mil millones de pesos anuales para garantizar la gratuidad nacional. Un monto que hoy no existe ni en proyecciones, ni en promesas.
“Mientras esos 14 mil millones no lleguen, el daño académico sería terrible”, advirtió. Si la UASLP se viera obligada a dejar de cobrar cuotas de un día para otro, la institución tendría que empezar a cerrar cursos, cancelar materia por honorarios, frenar laboratorios y detener cualquier crecimiento de aulas o infraestructura.
Las cuotas —recordó— no son un ingreso accesorio, sino un recurso propio esencial para sostener la operación cotidiana. Un corte total afectaría no solo a la UASLP, sino a las 32 universidades públicas estatales que conforman el sistema educativo superior del país.
La preocupación no es solo local. Zermeño reveló que rectores de diversas regiones, articulados en la ANUIES, conversaron esa misma mañana para evaluar la magnitud nacional del fallo y comenzar a delinear posturas comunes.
Una estrategia de contención: cinco años sin aumentar cuotas
En medio de la tensión jurídica, el rector recordó que la UASLP tomó una decisión preventiva desde que inició el debate sobre la gratuidad: no aumentar cuotas. Ni un peso. A pesar de la inflación acumulada durante los últimos años.
“La inflación de cuatro o cinco años ronda entre 20 y 25 por ciento, y nosotros no hemos subido. Hoy estudiar en la UASLP es aproximadamente un 20 o 25 por ciento más barato, en términos reales, que en 2020”, señaló.
Para Zermeño, ese esfuerzo muestra que la Universidad ha sido sensible al contexto económico y ha buscado no presionar a los estudiantes. Pero también marca el límite de lo sostenible.
“La universidad puede absorber el no incremento —dijo—, pero no una prohibición total del cobro. Decir de un momento a otro que no se van a cobrar cuotas nos afectaría mucho a nosotros y muchísimo a las demás universidades estatales.”
Mientras el debate avanza, el futuro de la gratuidad —y su financiamiento— permanece en manos de la federación. Las universidades, por ahora, solo pueden esperar que la ley no se aplique sin el presupuesto que la sostiene.
