El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió una denuncia por la distribución de acordeones para favorecer a candidatos al Poder Judicial en la Ciudad de México.
Esta denuncia se suma a la presentada el sábado por la posible coacción del voto de funcionarios del Gobierno de Nuevo León, y la repartición de «guías» con los nombres de aspirantes ligados con la 4T y Movimiento Ciudadano.
De manera adicional a estas dos denuncias, los consejeros discutirán este martes si el organismo abre un procedimiento de oficio, el cual abarcaría la aparición de otras listas en diversos estados del País.
La segunda denuncia fue presentada este fin de semana por la ciudadana María del Rosario Padilla, quien ha pedido durante el proceso la cancelación de candidaturas de morenistas.
Su escrito incluye fotografías de funcionarios de la Secretaría de Gestión Integral del Agua del Gobierno de la Ciudad de México, con el uniforme de la dependencia, en un encuentro en el que se acusa repartieron acordeones.
Así como imágenes de estas listas con los nombres de candidatos a ministros, magistrados y jueces, a nivel federal y local.
En su denuncia demanda al INE que se investigue y sancione a los aspirantes que ahí aparecen, pues se les favorece con dicha propaganda, y violan la equidad en la contienda.
Se afirma que se observó a los funcionarios los días 20, 21 y 22 de mayo en diversas calles de la Delegación Álvaro Obregón. Una de esas reuniones fue para la recuperación del Río Becerra, en Calzada Jalalpa.
«Dichos servidores manifestaban a los ciudadanos ser miembros de Morena, incluso en uno de los lugares donde se estaba difundiendo corresponde a Morena«, indica en la queja.
Deben intervenir fiscalías
Por su parte, el consejero Jaime Rivera consideró que abrir un procedimiento ordinario sancionador de oficio llevaría más tiempo, pero permitiría al INE investigar más a fondo quién distribuye y paga dichos acordeones.
Sin embargo, dijo, debido a que es un fenómeno que se está dando en diversos estados del País, las fiscalías especializadas en delitos electorales, nacional y estatales, deben actuar de oficio, para indagar una posible coacción del voto.
El consejero aseguró que es legítimo y entendible que un ciudadano realice un «apunte personal» para guiarse al momento de votar, pues las boletas son complejas y es difícil aprenderse tantos nombres.
Sin embargo, las «guías de votación» que se han revelado parece no ser espontáneas, sino elaboradas de manera profesional y distribuidas de manera masiva.
«Podríamos estar ante una acción concertada por alguna organización, que puede ser algún órgano de Gobierno, algún grupo de interés, que quiere influir en las elecciones.
«Si se utilizan para tratar de forzar al elector a votar de determinada manera, se trataría de un delito electoral, y si hay indicios de posibles delitos, estas fiscalías deberían investigar para lo que proceda jurídicamente. Pueden actuar de oficio si se presume que hay una probable coacción del voto», añadió.
