El proceso de asignación de plazas en el sistema de Telesecundarias de San Luis Potosí fue suspendido temporalmente tras las presiones y reclamos de docentes que denunciaron presuntos favoritismos en la distribución de adscripciones, particularmente en los cambios hacia centros de trabajo más cercanos a sus lugares de origen.
De acuerdo con maestras y maestros inconformes, la suspensión ocurrió luego de que durante las mesas de asignación surgieran señalamientos sobre supuestas listas de beneficiarios integradas por familiares, hijos, sobrinos e incluso parejas sentimentales de funcionarios y representantes sindicales, quienes presuntamente recibirían trato preferencial por encima de docentes con mayor antigüedad y méritos laborales.
Los docentes afectados sostienen que el proceso debía priorizar criterios de transparencia, antigüedad y derechos escalafonarios, por lo que exigieron la intervención del secretario general de la Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para garantizar condiciones equitativas en la reasignación de plazas y cambios de adscripción.
Sin embargo, señalaron directamente al secretario de Trabajos y Conflictos del sistema de telesecundarias, Juan Carlos Silva Morín, de presuntamente intervenir en favor de ciertos perfiles ante Juan Cebrián López, actual jefe del Departamento de Telesecundarias de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.
Según los testimonios, entre los nombramientos cuestionados también figurarían familiares de personal del área de Recursos Humanos de Telesecundarias y personas vinculadas con la estructura sindical.
La inconformidad escaló durante una reunión entre autoridades educativas, representantes sindicales y personal docente, en la que las y los maestros exigieron “piso parejo” en la asignación de plazas y reclamaron que el proceso se apegara estrictamente a criterios institucionales y no a relaciones personales o políticas.
De acuerdo con los denunciantes, el encuentro transcurrió en un ambiente de alta tensión y confrontación verbal, por lo que algunos asistentes optaron por documentar parte de la reunión en video como respaldo de sus señalamientos.
Hasta el momento, ni la SEGE ni la dirigencia sindical han emitido una postura oficial sobre las acusaciones, mientras persiste la exigencia de que el proceso se reanude con reglas claras y mecanismos de vigilancia que garanticen imparcialidad.
