Por transas en contratos en el ISSSTE y en el IPN, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pidió la destitución inmediata de Javier Tapia Santoyo, actualmente secretario de Administración en la institución educativa, por desvío de recursos y por ocultar su enriquecimiento.
Santoyo es investigado por irregularidades en contrataciones de servicios de limpieza en el IPN y de compra de productos médicos en su paso por el ISSSTE, donde fue tesorero.
«Se investiga la presunta obtención de recursos financieros que no fueron declarados mediante los instrumentos la rendición de cuentas previstos en la ley», cita el expediente de la investigación a la que REFORMA tuvo acceso y en el que se solicita al director del Instituto Político Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, la suspensión inmediata de Tapia Santoyo.
En el IPN, el funcionario otorgó un contrato de 2 mil 500 millones de pesos a la empresa Servicios Integrales Retimar, señalada de pertenecer al llamado «cártel de la limpieza» por su serie de contratos en el servicio público.
Justamente hace poco más de una semana, personal de limpieza del Instituto realizó protestas por la falta de pagos oportunos.
Pero la investigación también abarca operaciones realizadas en el periodo 2019- 2022, cuando Tapia era tesorero del ISSSTE y recibió depósitos en cuentas bancarias propias y de dos empresas con las que tiene relación: Human Mobile Systems y Labi Scientific.
Como tesorero del ISSSTE, Tapia Santoyo presuntamente otorgó recursos públicospara insumos médicos a una red corrupción de empresas fantasma, entre ellas Interacción Biomédica, que se habrían embolsado más de mil 613 millones de pesos.
En el caso del contrato de servicios de limpieza en el IPN, Tapia Santoyo es acusado de limitar la libre participación de posibles proveedores en el proceso de licitación, favoreciendo o dirigiendo a la adjudicación a una persona moral en específico.
Además, el contrato fue otorgado dicho de forma plurianual, para los años 2025, 2026, 2027 y hasta 2028, por un monto superior a los 2 mil millones de pesos.
Por esos hechos, el sistema de denuncias advierte enriquecimiento ilícito y abuso de funciones.
Se precisa que la Secretaría Administrativa del Politécnico fungió en dicha operación como área requiriente y Javier Tapia como el titular responsable.
Además de la suspensión, la Secretaría Anticorrupción ordenó también quitarle el acceso a su cuenta de correo institucional y a todas las cuentas de sistemas institucionales a las que podía ingresar, así como al uso de recursos públicos financieros, humanos y materiales.
«Existe un riesgo real inminente de que, de continuar desarrollando las funciones inherentes al cargo, pueda entorpecer, manipular o eliminar alguna prueba que pudiese resultar contraria a sus intereses», dice la solicitud.
