Las triangulaciones en el Gobierno de MC en Nuevo León, que encabeza Samuel García, siguen brotando.
En un nuevo caso, uno de los contratistas de las principales obras carreteras del estado es también cliente de la Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyF) -en la que son socios el Gobernador y su padre-, a la que le ha pagado 40 millones de pesos.
En esta operación participan al menos dos compañías encabezadas por el empresario coahuilense Leobardo Arturo Flores y su familia: Proyectos de Infraestructura de la Laguna (PILSA) y Desarrollos Inmobiliarios de la Laguna, ambas registradas en el padrón de proveedores estatal con el mismo domicilio en Torreón, Coahuila.
Mientras que PILSA ha recibido al menos 380.1 millones de pesos del Gobierno durante el actual sexenio, Desarrollos Inmobiliarios ha pagado al despacho del Mandatario estatal y su padre 25 facturas por un total de 40 millones de pesos.
Éste sería uno más de varios casos en los que empresas proveedoras del Gobierno se convierten en clientes del despacho del Gobernador.
Ése fue el caso de Suministro MYR que, como publicó Grupo REFORMA en marzo, recibió al menos 964 millones de pesos como proveedor de alimentos en penales y que luego trianguló, a través de una empresa filial, 202 millones de pesos a la firma jurídica del Gobernador y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
El portal Latinus, además, publicó el martes que el DIF estatal pagó 820 millones de pesos a Comercializadora Don Cacahuato, proveedora de desayunos escolares y despensas, y que una compañía «hermana» pagó 4.6 millones de pesos al despacho del Mandatario estatal.
El Gobierno de García arrancó el 3 de octubre del 2021 y, de acuerdo con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en el caso de PILSA, ésta se registró como proveedora estatal en enero del 2022.
Cinco meses después, en junio de ese año, empezó a recibir contratos.
Casi en paralelo, Desarrollos Inmobiliarios comenzó a pagar honorarios por servicios profesionales al despacho del Gobernador en marzo de ese mismo año, es decir, a cinco meses del arranque del actual sexenio, y tres meses antes de que PILSA resultara favorecida en su primera licitación.
Esta información se desprende del historial de facturación al que Grupo REFORMA tuvo acceso.
Según documentación pública, PILSA ha firmado al menos tres contratos con el Estado.
El primero se celebró el 14 de junio del 2022 con la Secretaría de Movilidad, a cargo de Hernán Villarreal, para la modernización de un tramo de la Carretera Monterrey-Colombia, por 148.9 millones de pesos.
La misma dependencia firmó otro contrato el 21 de junio del 2023, para la rehabilitación de un tramo de 4.4 kilómetros en la Autopista al Aeropuerto, por 128.7 millones de pesos.
El último es uno con la Red Estatal de Autopistas, el 21 de julio del 2023, para rehabilitar un tramo del Anillo Periférico por 39.3 millones de pesos.
La información del SAT a la que Grupo REFORMA tuvo acceso indica que entre el 17 de junio del 2022 y el 20 de diciembre del 2023, PILSA emitió 53 facturas a nombre del Gobierno del Estado por 452.7 millones de pesos, aunque 10 fueron canceladas y el monto facturado vigente quedó en 380.1 millones de pesos.
En el sitio de transparencia del Gobierno, aparecen pagos realizados a nombre de este contratista por 353.4 millones hasta el pasado diciembre.
