En medio de coronas fúnebres, lonas y acusaciones de fraude legislativo, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron, con el apoyo de Movimiento Ciudadano, una reforma que le da a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acceso irrestricto a cualquier registro o padrón público y privado para la generación de información encaminada a la prevención, investigación y persecución de delitos.
Durante la discusión de lo que la Oposición bautizó como «Ley Espía», diputados de PAN y del PRI, e incluso de MC, denunciaron un albazo legislativo para consolidar una «vigilancia indiscriminada a la ciudadanía», debido a que el dictamen de la Comisión de Seguridad fue sustituido por una propuesta de modificación dada a conocer en la madrugada de ayer.
Las modificaciones a los dictámenes que expiden la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública eliminan la creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil para la investigación de delitos, pero fortalece el acceso de la SSPC a cualquier registro y padrón existente.
Las nuevas leyes facultan a la Secretaría para solicitar a las instituciones de seguridad y entes públicos y privados información contenida en cualquier registro del que se pueda extraer información para la prevención, investigación y persecución de delitos sin la obligación de contar con orden judicial.
Señalan que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente de la SSPC, podrá consultar directamente o a través de una Plataforma de Inteligencia los registros o bases de datos de entes públicos y privados. Además, podrá acceder «irrestricta y directamente» a la Plataforma Única de Identidad de la Secretaría de Gobernación, donde el Gobierno pretende concentrar los datos personales de ciudadanos, incluidos biométricos.
La reforma crea también la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, que coordinará la integración de bases de datos, plataformas tecnológicas y análisis criminal en colaboración con el Ministerio Público.
Durante el debate que se extendió hasta la madrugada hubo de todo, desde un cruce de acusaciones por supuestas alianzas con el narco, coronas fúnebres en el pleno y una guerra de mantas, hasta la propuesta del petista Emiliano Mancilla de armar a los ciudadanos para combatir la delincuencia.
Morena y sus aliados acusaron al PRI y al PAN de haber dejado un «cochinero» en materia de seguridad, pero las bancadas respondieron con cifras de las víctimas de la violencia desde el pasado sexenio y cuando la mayoría recordó al ex Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, los priistas sacaron a flote las acusaciones de Estados Unidos en contra de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, ex asesor de Andrés Manuel López Obrador, por presunto lavado de dinero del narcotráfico.
La panista María Elena Pérez-Jaén, cuya bancada votó a favor en lo general la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en contra de la del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, acusó a la mayoría de no saber lo que están votando y advirtió que la reforma es el mecanismo legal para justificar el espionaje.
«No se dan cuenta de lo que están votando. Le espiarán a su marido, a su esposa, a sus hijas, a sus familias, a sus amigos. Morenos, verdes, petistas, todos coludos, todos rabones, todos espiados», dijo.
La legisladora advirtió que la ley en materia de inteligencia es una amenaza al derecho a la privacidad y a la intimidad, porque le permite al Ejecutivo, a través de la SSPC consultar, acceder, procesar, sistematizar, analizar y utilizar los datos personales de los ciudadanos, incluyendo sensibles, como registros fiscales, financieros, de salud y telefónicos sin un control judicial independiente.
«El espionaje va en serio, esto es desnudar la vida de los mexicanos. Dirán que estamos exagerando, porque señalamos que nos encontramos bajo un régimen totalitario, pues ya están convirtiendo nuestro sistema político en un Estado que ejercerá un control absoluto», sostuvo.
Su compañero de bancada, Héctor Saúl Téllez, advirtió que uno de los «abusos más alarmantes de la reforma» es la autorización para que empresas y Gobiernos extranjeros participen en la vigilancia sin reglas claras, en alusión al artículo 39 de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que podrán estar interconectados a la Plataforma Central de Inteligencia de manera temporal o permanente.
«¿Qué significa esto? Que tus datos más íntimos podrían terminar en manos de corporaciones foráneas o Gobiernos extranjeros sin que tengas derecho a saberlo o impedirlo», afirmó.
Claudia Ruiz Massieu, de MC, que acompañó ambas leyes en lo general, celebró la eliminación de la disposición que ordena la creación de un padrón de telefonía móvil al que las instituciones de seguridad tendrían acceso irrestricto para la investigación de delitos.
No obstante, advirtió que la modificación es engañosa, porque la concentración de información se mantiene, en la reforma en materia de telecomunicaciones, en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
El priista Alejandro Domínguez acusó que la reforma vulnera el federalismo, porque faculta al Consejo Nacional de Seguridad Publica para resolver sobre la cancelación de las aportaciones federales para estados y municipios en materia de seguridad cuando no cumplan con sus acuerdos.
«Díganme ustedes, ¿en dónde queda el federalismo?, ¿en dónde queda el pacto fiscal? Y más aún, ¿dónde quedamos nosotros los diputados como facultad exclusiva de aprobar el presupuesto?», cuestionó.
La vicecoordinadora de Morena, Gabriela Jiménez, aseguró que la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia «es una revolución en sí misma», ya que, por primera vez, el país contará con un sistema de inteligencia robusto, capaz de anticiparse al delito y de desmantelar redes criminales «con precisión quirúrgica».
«Con esta ley, nuestras instituciones podrán identificar amenazas, trazar patrones delictivos y actuar con la fuerza de la inteligencia, no con el de la violencia ciega», dijo.
La morenista aseguró que la seguridad pública del país está en buenas manos, las del titular de SSPC, Omar García Harfuch, «que en nueve meses han implementado con éxito la Estrategia Nacional de Seguridad» de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Qué vigilarán?
La reforma aprobada amplía las facultades de la SSPC
– Permite el acceso a registros y padrones de seguridad, así como de entes públicos y privados, sin mediar orden judicial.
– Se crea una plataforma de inteligencia para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente de la SSPC.
– Da acceso directo a la Plataforma Única de Identidad de la Segob.
– Se crea la subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, que coordinará el análisis criminal en colaboración con el Ministerio Público.
