Al menos diez estudiantes denunciaron haber sido citados ante un comité (con el abogado general presente) donde se les leyeron artículos del Código Penal y se les advirtió de “posibles penas” por comentarios en un grupo privado de Facebook. Las sanciones fueron verbales y sin procedimiento escrito.
Al menos diez estudiantes de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) fueron citados, reprendidos y sancionados tras publicar críticas a un video musical institucional en el grupo privado de Facebook Poli Memes (administrado por alumnos y sin vínculo oficial con la universidad). De acuerdo con su testimonio, fueron llamados uno por uno a la sala de juntas de rectoría y expuestos ante un comité de 10 a 12 directivos, encabezado por el abogado general, quien les leyó fragmentos del Código Penal del Estado y les advirtió sobre “posibles penas establecidas en la ley”.
Los jóvenes cuestionaron el uso de recursos en el tema musical (presentado como símbolo de identidad universitaria) en lugar de atender carencias en aulas y laboratorios, además de criticar la calidad artística del material. Ninguno de los comentarios, revisados por este medio, incluía referencias personales ni insultos a participantes del video. Aun así, durante la reunión se les imputaron actitudes de misoginia, machismo y discriminación, aseguran los alumnos.
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Al final de las comparecencias, la UPSLP impuso suspensiones verbales de hasta 15 días (sin notificación escrita ni expediente), lo que ha encendido alarmas entre la comunidad estudiantil. Temen que esas “faltas” se acumulen para provocar bajas automáticas. “Fue una intimidación abierta (nos trataron como delincuentes). Solo opinamos sobre una producción institucional”, dijo uno de los sancionados. Otra alumna añadió: “Si hoy amenazan con sanciones penales por criticar una canción, mañana cualquiera puede ser expulsado por opinar distinto”.
El episodio plantea preocupaciones sobre libertad de expresión y debido proceso en el ámbito universitario: las medidas se tomaron sin procedimiento disciplinario claro, sin acta y sin resolución fundada (según relatan). Estudiantes y docentes consultados consideran que la discusión sobre productos institucionales forma parte del debate académico y debe garantizarse, no criminalizarse.
