Impartidores de justicia del Poder Judicial de la Federación (PJF) anunciaron ayer que alistan una estrategia jurídica para combatir la eventual sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, la cual facilitaría la reforma judicial.
Durante una protesta en el Palacio de Justicia de San Lázaro, a la que asistieron más de 200 integrantes del PJF, el Magistrado Mauricio Barajas, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, explicó la estrategia que desarrollarán.
«La primera (línea de defensa), para acudir a órganos internacionales de protección de los derechos humanos e impugnar la hoy inminente reforma constitucional en cuya pretensión se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano de la Unión, como es el Judicial», dijo.
«También se delinean las estrategias para enfrentar la asignación de los diputados por representación proporcional con la pretensión de que la fuerza política dominante no alcance las dos terceras partes de cada una de las cámaras que integran el Congreso de la Unión».
Al finalizar la protesta, las seis principales asociaciones que agrupan a actuarios, secretarios, jueces y magistrados del Poder Judicial emitieron un pronunciamiento en el que acusan que los foros de discusión sobre la reforma judicial son una estrategia para dilatar las protestas del personal jurisdiccional.
Reiteraron su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo federal y a la propuesta de elegir mediante voto popular a los juzgadores, porque, afirmaron, no necesitan las urnas para juzgar.
«No somos políticos y rechazamos cualquier invitación de compartir el poder político. Juzgar exige capacidad, independencia y autonomía. Nosotros no insultamos. No usamos urnas para juzgar o perseguir», señalaron.
«No usamos vallas ni grupos antimotines. Nuestra fuerza proviene de la razón, de la palabra, con el apoyo de la Constitución y la ley. Con sentencias protegemos los derechos humanos del pueblo de México. Es nuestro poder: interpretar leyes, condenar a delincuentes cuando existe el debido proceso y pruebas. No defendemos ideologías ni propias ni ajenas».
En Veracruz, legisladores y representantes del Poder Judicial vivieron el foro de mayor tensión sobre la reforma judicial, luego de que jueces y especialistas calificaron al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial como un órgano inquisidor.
La propuesta de sancionar a juzgadores por sentencias que no tomen en cuenta el bien común y que no sean «objetivas», así como la inacatabilidad de resoluciones del Tribunal, fueron vistas como violatorias de los derechos humanos y fuera de convenciones internacionales.
La Magistrada Nadia Villanueva reclamó que se llame corruptos a todos los integrantes del Poder Judicial, como el fundamento para crear un nuevo tribunal.
«Ha sido de dominio público, como también en el Ejecutivo, familiares de nuestro actual Presidente de la República están involucrados en este tipo de actos, no sabemos cómo son las sanciones que se han llevado a cabo», recriminó.
El petista Gerardo Fernández Noroña pidió una disculpa pública a la Magistrada por el señalamiento contra el Presidente.
La Magistrada lejos de ofrecer una disculpa a AMLO, le exigió una para ella y para todos los juzgadores por haberlos acusado de corruptos sin ninguna prueba.
