Durante los primeros días del año, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) ha detectado un número elevado de personas aseguradas en posesión de vehículos con reporte de robo, muchos de los cuales fueron adquiridos mediante ofertas publicadas en redes sociales, principalmente en plataformas de compraventa.
La titular de la FGESLP, María Manuela García Cázares, informó que en lo que va de enero se han registrado alrededor de 20 casos, una cifra que calificó como considerable y que podría estar relacionada con el incremento de operaciones de compra durante la temporada de fin de año.
La Fiscal General explicó que el Código Penal establece que cuando una persona logra acreditar la adquisición de buena fe de un vehículo, no existe responsabilidad penal. No obstante, advirtió que en los casos donde no se puede demostrar el origen lícito de la unidad, las investigaciones continúan y pueden derivar en procesos judiciales.
Precisó que varias de las unidades aseguradas fueron robadas en otras entidades federativas y posteriormente comercializadas en San Luis Potosí. En muchos de los casos, los compradores fueron citados en puntos de entrega para concretar la transacción, sin tener conocimiento de que los vehículos contaban con reporte de robo vigente.
García Cázares añadió que la Fiscalía mantiene abiertas diversas carpetas de investigación por distintos esquemas de fraude en la compraventa de vehículos, entre los que destacan el uso de financieras inexistentes, documentación apócrifa, así como alteraciones en números de serie o motor.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que, antes de adquirir un vehículo, verifique su estatus legal, revise que los medios de identificación no presenten irregularidades y, de ser posible, solicite el apoyo de las autoridadespara validar el origen de la unidad, con el fin de evitar ser víctima de delitos patrimoniales.
La FGESLP reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de investigación y prevención para combatir el robo de vehículos y la comercialización ilícita de unidades en el estado.
