El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que el veto ejercido por el Ejecutivo estatal al decreto conocido como “Ley Gobernadora” se originó principalmente por la necesidad de modificar el mecanismo de alternancia de género planteado para la elección de gubernatura en San Luis Potosí.
El funcionario explicó que, tras un análisis jurídico, el Gobierno del Estado detectó disposiciones que podrían vulnerar derechos político-electorales y limitar la libertad de los partidos políticos para definir sus candidaturas. Sin embargo, aclaró que la observación central se concentra exclusivamente en el diseño del criterio de alternancia de género.
Torres Sánchez detalló que el planteamiento original obligaba a los partidos a aplicar de manera inmediata la alternancia entre mujeres y hombres en la próxima elección, lo que —dijo— podría generar controversias legales y judicialización del proceso electoral.
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De acuerdo con la propuesta enviada al Congreso del Estado, el Ejecutivo plantea que para el proceso electoral de 2027 los partidos políticos puedan postular libremente a una mujer o a un hombre, conforme a sus definiciones internas y criterios de competitividad.
La alternancia obligatoria, precisó, se aplicaría hasta la elección de 2033 y estaría determinada por la candidatura registrada previamente por cada fuerza política. En términos prácticos, explicó que si un partido postula a una mujer en 2027, en 2033 deberá registrar a un hombre; y si compite con un hombre en la próxima elección, estaría obligado a postular a una mujer en el siguiente proceso.
El secretario general subrayó que este esquema permitiría una transición gradual que evite imponer restricciones inmediatas y reduzca el riesgo de litigios electorales, uno de los factores que tuvo mayor peso para que el gobernador ejerciera su facultad constitucional de veto.
Finalmente, Torres Sánchez precisó que la observación relacionada con la alternancia de género es la única modificación solicitada por el Ejecutivo. El resto del decreto permanece intacto y, de ser atendida esta propuesta por el Congreso del Estado, la reforma podría continuar su curso legislativo hacia una eventual aprobación y promulgación.
