La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó su Informe de Actividades correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, documento en el que San Luis Potosí vuelve a figurar como una de las entidades con mayor incidencia en materia de presuntas violaciones a derechos humanos. De acuerdo con el reporte oficial, durante el último año se contabilizaron 779 quejas en territorio potosino, cifra que refleja un ligero incremento respecto al año anterior y mantiene al estado dentro del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos.
El análisis de la estadística histórica incluida en el informe permite observar una tendencia de crecimiento sostenido durante la actual administración estatal. En 2020, San Luis Potosí registró 361 presuntas violaciones; en 2021 la cifra ascendió a 443; para 2022 alcanzó 634 casos y en 2023 se reportó el punto más alto con 839 registros. Aunque el cierre de 2025 muestra una reducción respecto a ese pico, el volumen de 779 casos confirma que la entidad se mantiene en un rango elevado, con más del doble de quejas en comparación con el inicio del sexenio.
Según el informe de la CNDH, las principales violaciones a derechos humanos en San Luis Potosí se concentraron en omisiones de servidores públicos, afectaciones a la libertad de expresión y vulneraciones al debido proceso. En el ámbito administrativo, las quejas más recurrentes señalaron el incumplimiento de los principios de legalidad, honradez y eficacia, así como la prestación indebida del servicio público por parte de autoridades federales y estatales.
De manera específica, el estado destacó por la vulneración de derechos de periodistas y defensores civiles, así como por deficiencias estructurales en el sistema penitenciario. El informe documenta la falta de intérpretes y de representación jurídica adecuada para personas indígenas privadas de la libertad, lo que constituye una violación directa a sus derechos de acceso a la justicia y a un trato digno. Asimismo, se reportaron incidencias relacionadas con el derecho a la protección de la salud y con la seguridad jurídica, estas últimas asociadas a la actuación de cuerpos de seguridad.
En el contexto nacional, San Luis Potosí se ubica dentro del grupo de entidades que requieren atención prioritaria debido al volumen de expedientes acumulados. Aunque algunos estados han mostrado mayor estabilidad o descensos en sus registros, la entidad potosina aparece de manera reiterada en rubros críticos, particularmente en agravios contra periodistas y defensores de derechos humanos. En este apartado, el informe señala que durante 2025 se registraron tres quejas relacionadas con estos sectores, colocándolo entre los estados con mayor incidencia en este tipo de vulneraciones.
El reporte también da cuenta de la intervención del organismo nacional en el marco jurídico local. Durante el periodo analizado, la CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad contra leyes estatales, como parte de los mecanismos de control constitucional destinados a invalidar normas que contravengan derechos fundamentales, lo que situó al marco legislativo de San Luis Potosí bajo revisión federal.
Finalmente, el informe destaca las acciones operativas realizadas en la entidad. La Oficina Regional de la CNDH en San Luis Potosí mantuvo su certificación Nivel Oro en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, además de desarrollar trabajos de vinculación con la Fiscalía y el Poder Judicial del estado. Asimismo, se realizaron visitas de supervisión a centros penitenciarios para atender a población indígena, con el objetivo de garantizar el acceso a intérpretes y defensores con perspectiva intercultural, en un intento por reducir las brechas de desigualdad que persisten en el sistema de justicia local.
