Un ciudadano mexicano identificado judicialmente como John Doe fue detenido nuevamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), después de regresar a territorio estadounidense con apoyo de las propias autoridades.
El hombre había colaborado como testigo en casos de narcotráfico y quedó en riesgo tras ser deportado en tres ocasiones a México. De acuerdo con su defensa, nunca ingresó al programa de protección de testigos ni recibió un estatus migratorio que le permitiera permanecer legalmente en Estados Unidos.
Por orden de la jueza federal Stephanie A. Gallagher, el testigo recibió apoyo para retornar al país. La disposición fue emitida el 21 de agosto y se concretó esta semana, luego de que fiscales intentaran mantenerlo en México durante una audiencia realizada el 2 de septiembre.
La abogada Anna Tijerina señaló que su cliente se encontraba oculto en México por temor a ser localizado por el crimen organizado.
La ubicación actual de John Doe bajo custodia de ICE no ha sido revelada. La jueza ordenó que, en caso de ser detenido nuevamente, fuera recluido a no más de 200 millas —320 kilómetros— de Baltimore, ciudad donde ha vivido, y que tuviera acceso a su defensa legal.
El expediente del caso, radicado en un tribunal federal de Baltimore, permanece prácticamente sellado. No se ha informado contra quién declaró John Doe ni cuál habría sido su papel dentro de organizaciones criminales.
Tijerina confirmó que su defendido no estuvo bajo el programa de protección de testigos administrado por los alguaciles federales. Tras rendir declaración ante un jurado, el hombre pasó a un proceso migratorio y quedó bajo custodia de ICE.
En julio de 2024, un juez de inmigración aplazó su deportación al amparo de la Convención contra la Tortura, al determinar que existía la posibilidad de que fuera torturado por autoridades o particulares con consentimiento gubernamental si regresaba a México.
ICE lo liberó a finales de 2024, pero en enero de 2026 fue detenido otra vez al acudir a una cita rutinaria de control migratorio. Permaneció seis meses en un centro de detención en Luisiana.
El 10 de julio fue deportado a Guatemala, pero las autoridades de ese país rechazaron recibirlo y lo entregaron a funcionarios mexicanos. México lo devolvió a Estados Unidos después de que la defensa notificó que estaba protegido por la Convención contra la Tortura.
Posteriormente fue deportado dos veces más a México. En ambos casos fue devuelto a territorio estadounidense, antes de ser expulsado por tercera ocasión el 1 de agosto, sin teléfono ni pertenencias personales, según documentos judiciales.
La abogada cuestionó que un testigo que colaboró con el Departamento de Justicia enfrente ahora un proceso de deportación. Consideró que este tipo de casos puede desincentivar que otras personas colaboren con autoridades estadounidenses en investigaciones contra organizaciones criminales.
