La reciente propuesta del Gobierno Municipal de San Luis Potosí para incluir el cobro por el Derecho de Alumbrado Público (DAP) en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025 ha generado un fuerte debate entre los legisladores locales, con opiniones divididas sobre su viabilidad.
La diputada Sara Rocha Medina, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó su rechazo al aumento propuesto, señalando que, aunque es comprensible un incremento en los impuestos municipales, estos deben estar debidamente justificados y no ser excesivos. “Es necesario considerar la realidad económica que atraviesa nuestro país, y especialmente San Luis Potosí. Sabemos que en nuestra capital hay dos realidades muy distintas”, indicó la legisladora, sugiriendo que el contexto económico no justifica este tipo de aumentos.
Por su parte, el legislador de Morena, Carlos Arreola Mallol, se manifestó tajantemente en contra de cualquier incremento a las tarifas que afecte a la población. Aseguró que este tipo de medidas contravienen los principios del partido, que rechaza aumentos impositivos, especialmente en tiempos de inflación. “Nuestro estatuto, y el decálogo que nos dejó nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, prohíbe aumentar impuestos a la gente”, subrayó Arreola Mallol.
Desde Movimiento Ciudadano, el diputado Marco Antonio Gama Basarte también se mostró en contra de la medida. Consideró que el cobro por DAP no es un ingreso legítimo para el Ayuntamiento de la capital potosina, ya que no se ajusta a los parámetros de un impuesto razonable. “Los ciudadanos ya pagan por el servicio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y ahora se les estaría exigiendo un pago adicional al Ayuntamiento, lo que resulta ilógico y desproporcionado”, señaló Gama Basarte.
Por último, los diputados Marcelino Rivera Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN), y Héctor Serrano Cortés, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), coincidieron en que la propuesta debe pasar primero por un análisis exhaustivo en las comisiones correspondientes antes de ser presentada al Pleno para su aprobación o rechazo definitivo.
En resumen, la propuesta de cobrar el Derecho de Alumbrado Público ha generado una amplia discusión y aún está lejos de ser aprobada, con fuertes críticas de diversos actores políticos que cuestionan tanto su justificación como su impacto en la economía de los potosinos.
