El Congreso del Estado de San Luis Potosí, aprobó por mayoría de votos los informes General e Individuales de Auditoría a las Cuentas Públicas 2023, lo que cierra de manera satisfactoria el proceso de trabajo relacionado con ese ejercicio para el Instituto de Fiscalización Superior del Estado. Así lo informó su titular, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, y agregó que “el equipo de auditores hizo un gran trabajo, siempre al margen de cualquier circunstancia política o pleito partidista, porque eso de ninguna manera es nuestro tema”.
En relación con ello, de manera enérgica subrayó que “como Auditor Superior del Estado, exijo respeto hacia el trabajo ejecutado por los compañeros auditores y cada uno de los colaboradores del IFSE que intervienen en el proceso de fiscalización; nuestro trabajo no es político, sino técnico, y el personal se ha capacitado, certificado y ha demostrado siempre su imparcialidad y profesionalismo; entonces, es injusto denostar su esfuerzo, compromiso, experiencia; su trabajo está por encima de los conflictos que puedan ocurrir entre los integrantes de la Comisión de Vigilancia”, señaló Rodrigo Lecourtois.
“Pienso por ejemplo en las compañeras auditoras con hijos en edad escolar que deben ausentarse de sus hogares durante días varias veces al año y salen a campo con la mejor actitud dejándolo todo. Hacen su trabajo y lo hacen muy bien y es una verdadera falta de respeto denostarlo”, añadió.
Asimismo, indicó que el fin de enero pasado concluyó el plazo para que los entes obligados entregaran la documentación y ofrecieran los alegatos pertinentes que logren desahogar las observaciones. “Concluimos términos para que los entes fiscalizados atendieran la última llamada y eviten la promoción de acciones sancionatorias, lo que invariablemente ocurrirá si las irregularidades persisten”, advirtió el titular del IFSE y anunció el comienzo de un nuevo plazo de 60 días hábiles para pronunciarse sobre la solventación de observaciones.
Puntualizó sobre este nuevo plazo que durante el mismo, el Instituto analizará la información presentada y volverá a revisar de manera física -entre febrero y marzo-, las obras públicas observadas, lo que obligará a los entes públicos a estar preparados para una segunda revisión que determine si las observaciones 2023 subsisten o son solventadas. El plazo termina la segunda semana de mayo y entonces se notificará a los entes verificados reiteradamente, los nuevos resultados; así como al Congreso del Estado en un término no mayor a 30 días hábiles.
