El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) ya prepara el proceso de entrega-recepción de todas las áreas del Poder Judicial, tras la aprobación del nuevo marco normativo que transforma su estructura operativa. Así lo informó el auditor superior del estado, Rodrigo Lecourtois López, quien además confirmó que ya se han recibido denuncias por presuntas irregularidades administrativas cometidas en el extinto Consejo de la Judicatura.
Entre las anomalías señaladas se encuentran contrataciones de personas sin el perfil profesional adecuado, quienes habrían ingresado al Poder Judicial por recomendación o compromisos personales de magistrados. “Llegaron maestros de educación física, músicos de profesión… gente que estaba escondida en diversas áreas del Poder Judicial y que ahora tratan de reacomodar en otras zonas donde nadie los vea”, explicó Lecourtois.
De acuerdo con el auditor, algunas de estas personas han sido enviadas a juzgados donde, por la exigencia de perfiles técnicos, no pueden desempeñar sus funciones. “Ahí les dicen que requieren gente capacitada y preparada, por lo que ya no saben qué hacer”, afirmó.
El IFSE ya documenta estos casos y hará las recomendaciones correspondientes como parte del proceso de entrega-recepción. Lecourtois aclaró que, si bien las denuncias aún deben ser verificadas, forman parte del trabajo que la institución realizará para evitar que persista el mal manejo de recursos públicos.
También detalló que la nueva Ley de Entrega-Recepción no contemplaba originalmente la desaparición del Consejo de la Judicatura, ahora sustituido por dos nuevos órganos: el Consejo de Administración Judicial, encargado del manejo de recursos humanos, materiales y financieros; y el Tribunal de Disciplina Judicial, responsable de aplicar sanciones administrativas.
“Vamos a plantear un nuevo paradigma en el Poder Judicial. Ahora el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado solo atenderá temas jurisdiccionales, ya no administrativos ni financieros”, explicó.
Finalmente, el auditor destacó que será el nuevo órgano colegiado de administración el que solicitará aclaraciones sobre el uso de recursos ejercidos por el Consejo saliente, a fin de verificar si estos se manejaron conforme a la ley.
