Clausura de Beat Cycle enfrenta al Ayuntamiento y a sus propietarias por licencia y quejas vecinales

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La clausura del gimnasio Beat Cycle Train, ubicado en avenida Tatanacho, mantiene enfrentadas dos versiones sobre las quejas vecinales y el trámite de su licencia. El Ayuntamiento de San Luis Potosí sostiene que el establecimiento no cumplió los requisitos para operar; sus propietarias afirman que atendieron las observaciones, reunieron firmas de apoyo y no recibieron una explicación suficiente sobre el rechazo.

El director municipal de Comercio, Ángel de la Vega Pineda, señaló que desde el 15 de mayo se recibieron quejas por ruido, obstrucción de cocheras y problemas de tránsito. Afirmó que el gimnasio opera en un espacio abierto sin aislamiento acústico adecuado y que el ruido afecta especialmente a habitantes de viviendas cercanas.

De acuerdo con el funcionario, hubo una primera clausura el 27 de mayo, tras la cual se concedieron 45 días para regularizar el negocio. Las propietarias obtuvieron después una licencia provisional por 90 días. De la Vega sostuvo que dos consultas vecinales, realizadas el 11 y el 20 de agosto, no fueron favorables y que las cartas de anuencia entregadas por el gimnasio no sustituían los demás requisitos ni la valoración técnica.

Las propietarias ofrecen otra versión. En una serie de publicaciones afirman que 30 vecinos firmaron a favor del funcionamiento del gimnasio y cuestionan cómo se realizó la consulta municipal. También sostienen que invirtieron alrededor de 80 mil pesos en modificaciones para reducir el ruido, entre ellas bajar el volumen y retirar micrófonos, además de entregar documentación al área de Ecología. Según su relato, presentaron los dictámenes requeridos y pagaron el trámite de licencia antes de que venciera el permiso provisional.

El 28 de octubre, Comercio determinó improcedente otorgar la licencia definitiva. De la Vega afirmó que el representante legal del negocio impidió entonces colocar los sellos de clausura y que inspectores documentaron que seguía operando el 5 de noviembre. El funcionario indicó que un juzgado negó las suspensiones provisional y definitiva solicitadas por el establecimiento y que la clausura se ejecutó el 10 de noviembre.

Las propietarias precisan que la negativa de esas suspensiones no equivale a una orden judicial de clausura y que su juicio de amparo contra el rechazo de la licencia sigue abierto. Alegan, además, que la respuesta escrita sobre su solicitud llegó después de que venciera el permiso provisional. El pago del trámite, la entrega de documentos y la resolución sobre la licencia son puntos distintos sobre los que ambas partes mantienen discrepancias.

El desacuerdo también alcanza a los intentos de conciliación. De la Vega aseguró que se reunió con las propietarias el 11 de noviembre y con vecinos afectados al día siguiente, y sostuvo que el Ayuntamiento mantiene abierto el diálogo. El gimnasio afirma que en una reunión se le prometió revisar su reapertura y entregar la licencia bajo ciertas condiciones, compromiso que, según sus propietarias, no se cumplió. En sus publicaciones señalan que el 17 de noviembre acudieron nuevamente a Comercio y esperaron seis horas sin ser recibidas por el director.

Las propietarias también han señalado una presunta intervención de una regidora en el conflicto vecinal y acusado al funcionario de intimidarlas. Esos señalamientos corresponden a su versión pública; las publicaciones no permiten establecer por sí solas que hayan influido en la decisión administrativa.

De la Vega rechazó que la clausura fuera arbitraria y afirmó que el Ayuntamiento dio varias oportunidades para regularizar el establecimiento. Sostuvo que los empleos y la inversión del gimnasio deben atenderse junto con las afectaciones denunciadas por los vecinos. Las propietarias, por su parte, insisten en que realizaron cambios para continuar trabajando y buscan revertir la negativa de la licencia.

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