El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona negó que el operativo federal realizado en el club deportivo La Loma implique alguna responsabilidad directa del Gobierno del Estado, y acusó que tras la movilización “portales patito” financiados por el Ayuntamiento capitalino han generado desinformación sobre el caso.
Gallardo minimizó la operación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR), que resultó en la detención de Javier N., presuntamente por delitos del fuero federal, e insistió en que “era un tema doméstico”.
Cuestionado sobre si el detenido forma parte de la lista de proveedores del Gobierno del Estado, el mandatario respondió que quien puede confirmar esa información es el titular de la Secretaría General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez. “No sé ni quién es la persona. Se supone que es un tema doméstico y lo tienen que ver ellos”, afirmó.
Acusa financiamiento del Ayuntamiento a campañas de desinformación
El mandatario estatal aseguró que tras la cobertura del operativo comenzaron a circular versiones falsas sobre la supuesta existencia de un “centro de inteligencia” en la zona de Lomas, atribuidas a “panfletos” y “páginas no oficiales”.
“Todo ese dinero en efectivo pautado, es dinero de la capital. Hay que decirlo como es y no nos da miedo decirlo”, declaró, al acusar que el Ayuntamiento de San Luis Potosí estaría detrás de una campaña para atacar a su administración.
Agregó que se solicitó a Meta (empresa matriz de Facebook) un informe sobre el gasto que el municipio presuntamente ha erogado en publicidad pagada contra el Gobierno Estatal.
“Regular no es censurar”
En torno a una posible regulación de medios digitales, Gallardo aclaró que no se ha impulsado por temor a ser acusado de promover censura. No obstante, señaló que “se trata de regular los portales patito” que difunden información falsa.
Por su parte, el secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez reiteró que toda la información relevante sobre el operativo ya fue dada a conocer por la FGR, y evitó confirmar si Javier N. era proveedor del estado.
