El colectivo Defensa Wadley alertó que el reciente decreto federal de facilidades administrativas para simplificar la regularización de concesiones y asignaciones de aguas nacionales podría profundizar la crisis hídrica en acuíferos sobreexplotados del Altiplano potosino. La organización señaló que, si bien el mecanismo plantea agilizar trámites para usos domésticos, agrícolas, pecuarios y acuícolas, carece de salvaguardas estrictas en zonas con déficit de agua.
Como caso emblemático citaron el acuífero Vanegas–Catorce (clave 2401), que abarca 4,381.7 kilómetros cuadrados y presenta una disponibilidad negativa de 7,936,581 metros cúbicos anuales (es decir, no existe volumen disponible y ya hay un déficit de casi 7.94 millones de metros cúbicos al año, según la propia evaluación técnica de Conagua). Frente a esta evidencia, Defensa Wadley consideró imprudente que un marco de regularización avance sin candados específicos que impidan nuevas extracciones o ampliaciones en acuíferos en números rojos.
El colectivo advirtió que estimaciones locales muestran que el riego de apenas 160 hectáreas de tomate demanda más de 4 millones de metros cúbicos anuales y que a ese consumo se suman megaproyectos agroindustriales como granjas avícolas y porcinas que incrementan la extracción y la carga de contaminantes sobre mantos freáticos y suelos. Subrayaron que gran parte de ese crecimiento ha ocurrido en un contexto de vigilancia ambiental insuficiente y proliferación de pozos no registrados.
Ante este panorama, exigieron a Conagua y a las autoridades federales y estatales no otorgar nuevos permisos ni concesiones en el acuífero Vanegas–Catorce; aplicar el propio decreto condicionando cualquier regularización a la revisión pormenorizada de antecedentes registrales y a la verificación en campo de volúmenes extraídos (tal como el decreto exige a quienes pretendan regularizarse); e iniciar auditorías y sanciones contra el uso ilegal del agua y los pozos clandestinos que agravan la sobreexplotación. “La regularización no debe convertirse en un pase libre para profundizar la pérdida de agua”, enfatizaron.
Finalmente, el colectivo pidió entender la protección del agua como protección cultural y ambiental: la Ruta Wixárika que incluye a Wirikuta (reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial) depende de la salud de los acuíferos del Altiplano, por lo que cualquier política hídrica debe contemplar salvaguardas ecológicas y comunitarias efectivas.
