La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se deslindó nuevamente de cualquier participación en la definición de su presupuesto estatal, luego de que en el Congreso surgieran versiones sobre una supuesta negociación directa con la institución. El rector Alejandro Zermeño Guerra fue enfático: la universidad no discute recursos con legisladores, ni debe hacerlo.
Según explicó, la asignación presupuestal universitaria depende exclusivamente del Gobierno Federal y del Ejecutivo estatal, quienes integran cada año el convenio de financiamiento conjunto. La UASLP, añadió, no gestiona recursos ante el Congreso del Estado y no interviene en la discusión legislativa para modificar montos.
“Dar la autonomía a la institución es separarla de los vaivenes políticos. La Universidad no tiene por qué estar negociando con políticos, en este caso con los señores diputados”, afirmó Zermeño, en referencia a los señalamientos que circulan en el debate público sobre el presupuesto 2026.
El riesgo de un recorte de casi 200 millones
El rector reconoció que un recorte cercano a los 200 millones de pesos —como se ha planteado en algunos momentos del proceso legislativo— tendría impacto inmediato en la operación académica de la UASLP. Entre las consecuencias, mencionó la reducción de horas clase, la apertura limitada de grupos y afectaciones en la capacidad para sostener matrícula y programas.
Aunque confió en que el ajuste no se concretará, advirtió que una disminución de esa magnitud comprometería la estabilidad financiera de la institución y pondría en riesgo servicios esenciales para la formación de más de 30 mil estudiantes.
Un financiamiento que sigue en tensión
Zermeño recordó que, si bien la aportación estatal ha crecido en los últimos años, el convenio federal–estatal aún no alcanza su cumplimiento pleno. La Universidad ha insistido en la necesidad de establecer un porcentaje fijo del presupuesto estatal destinado a educación superior, pero la decisión final corresponde únicamente al gobernador y a la Federación.
El financiamiento universitario proviene de dos fuentes:
- Aportaciones federales, gestionadas a través de la Secretaría de Educación Pública.
- Recursos estatales, definidos año con año mediante un convenio de colaboración.
“Lo que buscamos es estabilidad y suficiencia. La educación pública requiere certezas, no depender de vaivenes políticos ni de negociaciones externas”, reiteró el rector.
Mientras el Congreso continúa el análisis del Presupuesto de Egresos 2026, la relación entre legisladores y la institución permanece tensa. En el centro del debate sigue la pregunta clave: ¿cómo garantizar recursos suficientes sin comprometer la autonomía universitaria?
