El Congreso del Estado de San Luis Potosí abrió un procedimiento formal para remover a las y los integrantes del Concejo Municipal de Villa de Pozos, a dos meses de su instalación y en medio de una cadena constante de tensiones internas, acusaciones cruzadas y desgaste público que ha impedido consolidar la vida institucional del nuevo municipio.
La decisión fue confirmada por el diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien afirmó que el objetivo es restablecer la gobernabilidad en Villa de Pozos, hoy fracturada por conflictos internos que han escalado al ámbito legislativo.
Aunque aún no se define cuántos concejales serán removidos, Serrano adelantó que el procedimiento incluirá también a sus suplentes, con la intención de asegurar una transición ordenada y sin vacíos legales. El acuerdo de la Jucopo será turnado al Pleno en las próximas sesiones; dependerá de la agenda si la votación ocurre entre domingo y lunes, y aún no está claro si el dictamen pasará previamente por la Comisión de Gobernación.
Una intervención que se aceleró por la crisis interna
La propuesta original para intervenir el Concejo provino del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). Sin embargo, la crisis política que vive Villa de Pozos provocó que la revisión legislativa se acelerara. La filtración de un audio donde concejales discuten un presunto bono de fin de año —tema que detonó indignación social— colocó al órgano municipal en el centro de la controversia y robusteció los argumentos para su posible remoción.
Actualmente, el Concejo está integrado por 14 concejales y sus suplentes, además de la presidenta Martha Aradillas. El Congreso analiza sustituirlos total o parcialmente, dada la pérdida de cohesión y la incapacidad para garantizar estabilidad administrativa.
Serrano reconoció que los intereses políticos sí influyen en este tipo de decisiones. Explicó que los partidos buscan proteger sus espacios y que el Congreso debe armonizar criterios de nombramientos, nepotismo y reelección con la legislación federal, especialmente rumbo al proceso electoral de 2027.
Pese a prever que habrá impugnaciones, aseguró que se han tomado precauciones jurídicas para reducir riesgos de que el proceso sea revertido en tribunales.
Con una administración que nació con carácter temporal y que enfrenta cuestionamientos desde su primera semana, Villa de Pozos atraviesa su primera gran prueba institucional. El Congreso deberá decidir en los próximos días si cambia a quienes han dirigido al municipio en su arranque o si opta por darles continuidad en medio del conflicto.
