Los despidos en el Poder Judicial de San Luis Potosí continúan escalando y ya alcanzan a 120 trabajadores, quienes ahora enfrentan una propuesta que implicaría regresar a sus cargos con una reducción drástica de nivel y salario, en medio de un proceso opaco y sin posicionamiento sindical claro.
En números cerrados, ya son 120 los trabajadores despedidos del Poder Judicial del Estado, todos ellos adscritos a lo que internamente se denomina “fondo de apoyo”, es decir, personal auxiliar pagado con recursos destinados a funciones complementarias dentro de juzgados y salas.
Con el avance de los recortes, algunos de los trabajadores recibieron una nueva propuesta por parte de la administración: la posibilidad de reincorporarse a sus funciones, pero con una rebaja significativa en su escalafón laboral. En términos prácticos, esto implicaría descender del nivel salarial 6 al nivel 2, lo que representa una caída directa en ingresos y condiciones laborales.
Los despidos se dan en un contexto de controversia interna, ya que entre el personal se percibe que la depuración estaría enfocada principalmente en los niveles laborales más bajos, con el objetivo de renovar plazas y modificar la estructura operativa del Poder Judicial.
De acuerdo con testimonios recabados entre trabajadores afectados, el mecanismo ha operado bajo una lógica de “despidos hormiga”, es decir, ceses graduales que se han intensificado en los últimos días. Tan solo este miércoles se notificó la salida de un número elevado de personas con antigüedades que van de los dos años y medio hasta más de cinco años de servicio continuo.
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Hasta este jueves, persistían versiones entre el personal en activo de que cada mañana se enfrentan a la ausencia de nuevos compañeros, quienes simplemente ya no pudieron ingresar a sus centros de trabajo debido a la baja de su acceso mediante el sistema de reconocimiento biométrico, utilizado como control de entrada en Ciudad Judicial.
El escenario es aún más incierto debido a que no todos los trabajadores despedidos cuentan con basificación. En esos casos, las posibilidades de iniciar procesos legales se reducen considerablemente, a diferencia de los empleados sindicalizados o aquellos que ya no estaban sujetos a la firma periódica de contratos temporales.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial por parte de las dirigencias sindicales respecto a los trabajadores de base que podrían verse afectados, ya sea por la rebaja salarial propuesta o por un despido definitivo. La falta de posicionamiento ha incrementado la incertidumbre entre el personal, que observa cómo el ajuste avanza sin información clara ni garantías laborales.
Mientras tanto, el Poder Judicial del Estado no ha emitido una postura pública que explique el alcance real de los recortes, los criterios utilizados ni el impacto que estas decisiones tendrán en la operación cotidiana de juzgados y tribunales, dejando a decenas de familias en un escenario de inestabilidad laboral y económica.
