Julio Iglesias cuestiona competencia de la Fiscalía española para investigar los presuntos delitos de agresión sexual y trata de personas denunciados por dos extrabajadoras del cantante por hechos ocurridos en 2021 fuera del territorio nacional. El artista solicitó el archivo del asunto al sostener que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no tiene atribuciones para conocer de estos hechos, al haberse producido en el extranjero y afectar a personas que no son de nacionalidad española.
El cantante presentó un escrito para personarse en las diligencias preprocesales que actualmente analiza el ministerio público, fase en la que todavía no se ha iniciado una investigación formal. En el documento, el artista argumenta que la Fiscalía española no puede ejercer una jurisdicción universal ni permitir que las denunciantes elijan el territorio que consideren más conveniente para presentar una denuncia. Fuentes jurídicas confirmaron que la Fiscalía rechazó la petición del artista para personarse en esta etapa preliminar.
En el escrito, elaborado por su abogado José Antonio Choclán, se sostiene que aceptar la denuncia contra un ciudadano español por hechos presuntamente cometidos en residencias ubicadas en República Dominicana y Bahamas abriría la puerta a que las denunciantes busquen el fuero que más les convenga. El letrado argumenta que esta situación produciría un mayor perjuicio al cantante por el daño reputacional que, a su juicio, se genera en España.
La defensa señaló que no puede atribuirse a la Fiscalía el poder de conceder a las víctimas el derecho de optar por la jurisdicción más favorable. En ese sentido, citó el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece los supuestos en los que pueden investigarse en España hechos cometidos por ciudadanos españoles o extranjeros fuera del país. Según el escrito, esta disposición solo es aplicable cuando el Estado donde ocurrieron los hechos no puede investigar, condición que, afirma, no se cumple en este caso.
La denuncia fue presentada el 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional con el apoyo de la organización Women’s Link Worldwide. De acuerdo con la asociación, los hechos denunciados podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, así como delitos contra la libertad e indemnidad sexual, lesiones y derechos de los trabajadores.
Julio Iglesias cuestiona competencia de la Fiscalía también al solicitar acceso al contenido íntegro de la denuncia, pese a que el procedimiento permanece en fase preprocesal. La defensa alegó que la difusión pública de la denuncia le genera indefensión y afecta su derecho de defensa. Sostuvo que la reserva de la información no puede justificarse cuando las denunciantes han participado en la divulgación pública de los hechos.
Finalmente, el escrito advirtió que negar el acceso a las actuaciones implicaría que la Fiscalía no ha otorgado veracidad a la denuncia, al tiempo que reiteró que el objetivo es alegar desde este momento las razones por las que, a juicio del artista, los tribunales españoles carecen de jurisdicción para conocer del caso.
