Luego del amago de bloquear la Carretera 57, 427 operadores de pipas y la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) alcanzaron un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que sus unidades no sean detenidas por el traslado y distribución de agua en zonas urbanas.
Los transportistas informaron que, tras el diálogo con autoridades federales, se garantizó que no habrá aseguramientos de vehículos dedicados al reparto de agua potable, práctica que calificaron como indispensable ante las fallas en la red pública de suministro. Adelantaron que este miércoles buscarán entablar diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaumpara exponer directamente su inconformidad con la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
Los operadores consideraron un abuso que el traslado de entre uno y 50 mil litros de agua sea catalogado como delito federal, cuando —señalaron— miles de mexicanos movilizan agua diariamente no solo para consumo humano, sino para sostener actividades primarias como la agricultura y la ganadería.
Explicaron que la reforma legal generó alarma en el sector al contemplar sanciones para la distribución de agua en ciudades, lo que, advirtieron, impediría que operadores de pipas abastezcan tinacos en viviendas ubicadas en colonias donde el servicio municipal es irregular o inexistente.
Además, denunciaron la clausura presuntamente ilegal de un pozo ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, acción que —afirmaron— fue realizada por autoridades municipales pese a que dichas atribuciones corresponden exclusivamente a la Conagua.
Ante el delegado federal del organismo, Darío Fernando González Castillo, los transportistas expusieron que el pozo permanece cerrado sin que se les garantice el suministro de agua, a pesar de que el ayuntamiento no tiene facultades para restringir la extracción del recurso.
Durante la protesta, las pipas fueron apostadas en los carriles laterales de la Carretera 57, en el tramo comprendido entre el puente Zaragoza–Corregidora y el distribuidor vial de la salida a Matehuala, Bulevar San Luis y el Anillo Periférico Norte, sin llegar al bloqueo total tras alcanzarse el acuerdo.
Finalmente, los transportistas reprocharon al Congreso de la Unión la falta de previsión en la reforma legal, al señalar que el uso y extracción de agua para abasto y consumo humano es un derecho humano, no sujeto a “regateos políticos ni a disputas ideológicas o partidistas”.
