San Luis Potosí se ubicó en el quinto lugar nacional entre las entidades con mayor tasa de mortalidad por siniestros viales, de acuerdo con el “Informe de Salud Pública sobre la situación de la seguridad vial México 2023-2024” del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA).
El informe coloca a la entidad potosina dentro de los estados con mayor impacto en muertes derivadas de hechos de tránsito, un indicador que especialistas consideran un problema de salud pública por sus efectos sociales, económicos y familiares.
Ante este panorama, el colectivo Derechos Urbanos —integrado por académicos, estudiantes y profesionistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)— impulsa acciones de concientización y trabajo comunitario para promover una movilidad más segura, especialmente entre juventudes, peatones, ciclistas y motociclistas, quienes concentran una alta incidencia en este tipo de eventos.
Ivonne Aguayo, docente de la Facultad del Hábitat, junto con Mariana Reyes y Josué Rodríguez Santiago, explicó que los diagnósticos realizados por el grupo, con apoyo de datos oficiales, aseguradoras y registros ciudadanos, identifican que avenidas de alta velocidad, glorietas y zonas con infraestructura peatonal y ciclista deficiente concentran el mayor número de incidentes graves o fatales, particularmente en la zona conurbada de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles.
Entre las acciones emprendidas, el colectivo ha desarrollado intervenciones de urbanismo táctico, que incluyen señalización, adecuaciones temporales del espacio público y actividades de sensibilización ciudadana. Una de estas intervenciones se realizó en las inmediaciones del Hospital Central, con participación de organizaciones civiles, dependencias universitarias y voluntariado, enfocada en mejorar la seguridad de peatones y usuarios del transporte público.
Mariana Reyes añadió que muchas de estas iniciativas surgen de diagnósticos participativos con estudiantes universitarios, quienes han manifestado preocupación por trayectos nocturnos inseguros, falta de iluminación y escasa infraestructura adecuada para la movilidad cotidiana.
El colectivo Derechos Urbanos, surgido en 2017 en la Facultad del Hábitat, ha incorporado perfiles de ingeniería ambiental, ciencias de la salud, antropología y comunicación, y actualmente colabora con organizaciones dedicadas a la movilidad segura y la recuperación del espacio público.
Sus integrantes señalaron que la coordinación entre ciudadanía, academia y autoridades es clave para reducir la incidencia de siniestros viales y garantizar el derecho a una movilidad segura e incluyente en el estado.
