El director general del ISSSTE, Martí Batres, omitió publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo para revocar o reducir pensiones que exceden el límite legal, por lo que al menos cinco jueces federales han concedido amparos a burócratas afectados por la medida.
Ante esta falla, su hermana, la Ministra Lenia Batres, busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se haga cargo de los recursos de revisión del ISSSTEcontra las sentencias de los jueces.
El 8 de noviembre de 2024, el director del ISSSTE anunció un «aviso» en el DOF sobre el procedimiento para verificar y modificar las pensiones que rebasaran los 32 mil 571 pesos mensuales. Sin embargo, en lugar de insertar el texto íntegro del acuerdo, el Instituto solo incluyó una liga a un documento PDF.
Dicho vínculo no siempre funciona, y actualmente no lleva a un sitio donde se pueda leer dicho documento, lo que viola la Ley del DOF. Esta legislación obliga a que toda norma de carácter general sea materialmente consultable en la publicación, ya sea impresa o digital oficial.
«La falta de publicación (…) se traduce en una violación material directa al principio de publicidad formal y, por ende, en la ausencia de un requisito constitucional esencial que afecta su validez», señala una de las sentencias de amparo.
Sin embargo, para evitar que las sentencias queden firmes y anulen los recortes, la Ministra Batres planteó ante la SCJN una solicitud de reasunción de competencia. Con ello, busca que el Máximo Tribunal atraiga los recursos de revisión del ISSSTE, los cuales ordinariamente deberían ser resueltos por Tribunales Colegiados de Circuito.
El pasado 12 de marzo, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, admitió a trámite la solicitud para revisar seis amparos, petición a la que también se sumó el Ministro Irving Espinosa.
Aún se requiere el apoyo de al menos tres ministros más para atraer los asuntos, que no implican algún tema de interpretación constitucional.
Uno de los amparos que se pretende atraer, otorgado a Hermenegilda Ruiz Contreras, ya fue confirmado en definitiva por el Décimo Primer Tribunal Colegiado Administrativo, en sesión del 26 de febrero.
