En un esfuerzo por abatir el rezago habitacional que afecta principalmente a familias de menores ingresos, la Canadevi anunció su colaboración en el programa federal “Vivienda para el Bienestar”, que contempla la construcción de 32 mil viviendas en San Luis Potosí.
La iniciativa está dirigida a trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos, un sector que durante la última década ha quedado prácticamente excluido del mercado inmobiliario.
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El presidente de Canadevi, Luis Fernando Lárraga, junto con el director Ignacio Gómez Martínez, calificaron el programa como una “oportunidad histórica” para que jóvenes y familias potosinas accedan a una vivienda propia a costos menores que los del mercado comercial.
El esquema busca revertir la tendencia de encarecimiento que en años recientes llevó a la vivienda mínima a superar los 900 mil pesos. Con el respaldo de subsidios federales y la inversión directa del Infonavit, las nuevas unidades tendrán un valor aproximado de 630 mil pesos.
Las viviendas proyectadas contarán con una superficie cercana a los 60 metros cuadrados, distribuidas en dos recámaras, sala, comedor y cocina, y se ubicarán en zonas con acceso a servicios básicos como agua, electricidad e internet.
Entre las áreas prioritarias para el desarrollo se encuentran la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, con el objetivo de garantizar conectividad y condiciones adecuadas de habitabilidad.
Ignacio Gómez Martínez subrayó que el acceso a la vivienda no solo es un tema económico, sino también un factor clave para la estabilidad social, al advertir que el déficit habitacional ha contribuido a problemáticas como el hacinamiento y la violencia intrafamiliar, agravadas tras la pandemia.
“Le conviene a la autoridad dar estos incentivos porque el hacinamiento genera problemas de salud y seguridad. Necesitamos resolver también el abasto de agua y energía para que este programa sea viable”, señaló.
Finalmente, Canadevi hizo un llamado a los ayuntamientos para facilitar los cambios de uso de suelo y agilizar los trámites de factibilidad de servicios, con el fin de garantizar que las 32 mil viviendas asignadas a San Luis Potosí se concreten en la entidad y no sean reasignadas a otros estados.
