La posibilidad de retener prerrogativas a partidos políticos que incumplan con sus obligaciones de transparencia encontró respaldo en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, en un contexto marcado por casos de opacidad pese al uso de recursos públicos.
La diputada Sara Rocha Medina, vicepresidenta de dicha comisión, sostuvo que transparentar el destino del financiamiento no es opcional para los institutos políticos.
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“Se trata de dinero público y los incumplimientos reflejan resistencia a exhibir en qué se está gastando”, señaló, al respaldar la necesidad de aplicar sanciones más severas.
El planteamiento abre la puerta a que autoridades como el Instituto Nacional Electoral (INE) puedan avanzar hacia medidas con impacto presupuestal, en caso de que persista la negativa a rendir cuentas, dejando atrás sanciones limitadas a observaciones administrativas o multas sin efectos reales.
La discusión cobra relevancia en San Luis Potosí, donde para 2026 se aprobó una bolsa superior a 174 millones de pesos destinada al financiamiento de partidos políticos.
En paralelo, el Partido del Trabajo (PT) registró durante 2025 un cumplimiento de cero por ciento en transparencia, lo que derivó en sanciones económicas y en la apertura de un procedimiento de verificación por parte de la Cegaip.
De acuerdo con el comisionado presidente de la Cegaip, José Gerardo Navarro Alviso, el PT fue el único sujeto obligado que no publicó información durante todo el año y que además mostró falta de apertura ante los requerimientos del organismo.
Algunas sanciones ya están siendo ejecutadas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), mientras se prevé la emisión de nuevas resoluciones en próximas sesiones públicas.
El debate plantea un cambio de fondo en el modelo de fiscalización, al considerar que la transparencia no solo debe exigirse, sino también vincularse directamente al acceso a recursos públicos.
