Un tribunal federal determinó que debe ser resuelto de nueva cuenta el amparo con el que Mario Aburto pretende que la Fiscalía General de la República (FGR) reabra la investigación por las torturas que dice haber sufrido a partir de su detención, el 23 de marzo de 1994 en Tijuana.
El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de esta capital ordenó a Paloma Xiomara González, Juez Segundo de Distrito en Materia Penal, reponer el procedimiento del amparo que negó al magnicida contra el «carpetazo» de dicha indagatoria.
Por unanimidad y con base en un proyecto de sentencia de Nelly Montealegre Díaz, magistrada de elección popular, el tribunal determinó que la juzgadora fue omisa en notificarle a un total de 28 indiciados la demanda de amparo de Aburto.
«No siguió (la juez) con el trámite respectivo para resolver el juicio de amparo indirecto sometido a su consideración, pues no emplazó ni escuchó a una de las partes que legalmente deben intervenir en el juicio constitucional, al omitir emplazar a las personas que tienen la calidad de indiciadas en la averiguación previa 2080/94», dice la resolución del tribunal.
«Lo que constituye una violación a las reglas esenciales del procedimiento que evidentemente trascendió al dictado de la sentencia, pues ésta se emitió sin darle oportunidad de hacer valer y ejercer sus derechos, por lo que debe ordenarse la reposición del procedimiento, a fin de que se emplace a las personas que tienen la calidad de indiciadas».
Por lo anterior, instruyó a la Juez Segundo de Distrito en Materia Penal dejar sin efecto su negativa de amparo, reponer procedimiento para notificar a los denunciados con el propósito de que manifiesten lo que a su derecho convenga y, una vez cumplido con este trámite, volver a dictar la sentencia.
El colegiado precisa que la juez González tendrá la libertad de jurisdicción o criterio para resolver nuevamente el amparo en primera instancia. Es decir, no le impone el sentido en que debe dictar el fallo.
En septiembre de 2021, derivado de una queja presentada por Aburto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la FGR para investigar las presuntas torturas.
Aburto señaló en su queja a agentes de la entonces Procuraduría General de la República de haberlo vejado, junto con el entonces Gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, por órdenes del Presidente Carlos Salinas.
Como consecuencia, en julio de 2022, la FGR empezó a llevar a cabo diligencias en la misma averiguación previa abierta en 1994 por el asesino, es decir, reabrió la investigación del Caso Colosio y acto seguido reactivó la teoría del complot y del «segundo tirador».
En su denuncia, el asesino de Luis Donaldo Colosio dijo haber sido víctima de 8 actos de tortura entre el 23 y 24 de marzo de 1994, el día de su detención y el siguiente.
La Fiscalía, sin embargo, resolvió el 15 de febrero de 2024 que no se acredita alguna acción dolosa tendiente a infligir dolores o sufrimientos graves, ni físicos ni psíquicos a Aburto en cada uno de los actos específicos de tortura, y por ello archivó el caso.
El asesino presentó un amparo contra esa determinación, mismo que fue negado en primera instancia y que ahora volverá a ser dictaminado, una vez que los 28 denunciados sean notificados del mismo.
