La mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos expresó dudas sobre la legalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
La medida, firmada al inicio de su segundo mandato, pretende impedir que hijos de inmigrantes indocumentados o visitantes temporales obtengan la nacionalidad estadounidense, lo que podría afectar a más de 250 mil bebés al año.
Durante la audiencia, jueces tanto progresistas como conservadores cuestionaron los argumentos de la Casa Blanca. Entre ellos, el presidente del tribunal, John Roberts, calificó la interpretación del gobierno como “muy peculiar”, dejando entrever un posible fallo adverso para la administración.
También los magistrados Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch manifestaron escepticismo sobre la constitucionalidad de la medida.
El debate gira en torno a la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que establece que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana, siempre que esté “sujeta a su jurisdicción”.
Durante más de 150 años, este principio ha sido interpretado de forma amplia, otorgando ciudadanía a casi todos los nacidos en territorio estadounidense, con excepciones muy específicas.
Sin embargo, la administración Trump sostiene que esta disposición ha sido aplicada de manera errónea y busca restringir su alcance.
En un hecho sin precedentes, Trump asistió personalmente a la audiencia del tribunal, lo que ha sido interpretado como un intento de presión sobre el poder judicial.
Tras abandonar la sesión, el mandatario expresó su descontento en redes sociales, reiterando su rechazo al derecho de ciudadanía por nacimiento.
La sentencia se espera en los próximos meses y podría redefinir uno de los principios fundamentales del sistema legal estadounidense, con implicaciones profundas en materia migratoria y constitucional.
