La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), que advierten sobre posibles desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en el país, y aseguró que estos señalamientos no corresponden a la realidad actual.
“El Estado nunca puede usar la desaparición como mecanismo de control”, afirmó la mandataria, al deslindar a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación de las conclusiones del informe presentado recientemente por el organismo internacional.
Sheinbaum argumentó que el análisis del CED presenta limitaciones, al señalar que se basa únicamente en cuatro entidades del país (Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco) y en un periodo previo a la actual administración federal.
“Ya nada más con eso es suficiente para decir que no están muy exactos en el análisis”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó la interpretación del concepto de desaparición forzada utilizada por el comité, al considerar que se aleja de la definición tradicional que implica la participación directa del Estado con fines políticos.
El informe del CED sostiene que existen “indicios bien fundados” de desapariciones forzadas en México con posible aquiescencia del Estado, además de advertir una presunta colusión entre autoridades y grupos delictivos.
El organismo también solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, llevar el caso ante la Asamblea General, lo que elevaría el nivel de atención internacional sobre la crisis de desapariciones en el país.
Las conclusiones del comité fueron respaldadas por organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), mientras que el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, calificó el documento como “parcial y sesgado”.
El posicionamiento oficial se da en medio de tensiones con colectivos de búsqueda, luego de que el Ejecutivo presentara un desglose de cifras de personas desaparecidas que fue cuestionado por organizaciones civiles.
México acumula más de 130 mil personas desaparecidas, de las cuales una parte significativa no cuenta con investigación activa, lo que ha evidenciado fallas estructurales en las fiscalías y en los mecanismos de búsqueda.
Mientras el Gobierno sostiene que existe un marco legal robusto y colaboración con organismos internacionales, colectivos y especialistas advierten que la magnitud del problema, la impunidad y la crisis forense continúan sin resolverse.
El debate se mantiene abierto entre el reconocimiento del problema y la forma en que debe enfrentarse, en un contexto donde las desapariciones siguen siendo una de las principales crisis de derechos humanos en el país.
