El miedo a ser detenido por autoridades migratorias en Estados Unidos terminó por costarle la vida a Jesús Juárez Cruz, un migrante mexicano que evitó acudir a un hospital pese al deterioro de su salud, ante el temor de ser arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el gobierno de Donald Trump.
Su esposa, Guadalupe, también migrante indocumentada, relató que durante semanas observó cómo la salud de su marido se deterioraba sin que accediera a recibir atención médica. El temor a ser deportado fue determinante. “Teníamos miedo de que llegaran y nos lo quitaran”, explicó.
Jesús, de 50 años, falleció a finales de febrero en su vivienda en California, tras permanecer postrado y sin diagnóstico médico claro. Su familia intentó llevarlo a una clínica privada cuando su estado ya era crítico, pero fue demasiado tarde. Dejó a cuatro hijos, uno de ellos menor de edad.
El caso ocurre en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, donde organizaciones civiles han denunciado la presencia de agentes migratorios en hospitales y centros médicos, espacios que anteriormente eran considerados zonas sensibles y libres de operativos.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, estas restricciones fueron eliminadas, lo que ha generado un clima de temor entre comunidades migrantes. De acuerdo con organizaciones defensoras, esta situación ha comenzado a afectar directamente el acceso a servicios de salud, especialmente entre personas en condición irregular.
Jesús Juárez Cruz había migrado desde Michoacán en busca de mejores condiciones de vida y trabajó durante años en la construcción en California. Sin embargo, su historia estuvo marcada por una deportación previa y un posterior regreso a Estados Unidos, lo que lo colocaba en una situación de alta vulnerabilidad ante las autoridades migratorias.
Su salud se deterioró progresivamente, en medio de problemas relacionados con el consumo de alcohol y posibles afectaciones neurológicas que nunca fueron diagnosticadas. En sus últimos días, permanecía inmóvil, dependiente totalmente de su familia.
Tras su muerte, la familia enfrenta ahora una deuda de más de 34 mil dólares por gastos funerarios. El consulado mexicano en San Bernardino ha brindado apoyo parcial, mientras sus familiares recurren a donaciones para cubrir los costos.
El caso ha reavivado el debate sobre las consecuencias de las políticas migratorias en Estados Unidos y su impacto en derechos básicos como el acceso a la salud. Organizaciones médicas y sindicales han advertido que la presencia de agentes migratorios en hospitales representa un riesgo para la salud pública, al disuadir a pacientes de buscar atención médica oportuna.
Mientras tanto, Guadalupe enfrenta un futuro incierto, marcada por la pérdida de su esposo y por la imposibilidad de regresar a México, en un contexto donde la migración, la violencia y la precariedad siguen cruzándose en la vida de miles de familias.
