La Contraloría General del Estado anticipó que la investigación abierta por el presunto uso de personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos en actividades privadas derivará en sanciones, entre ellas posibles inhabilitaciones.
El contralor estatal, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, informó que ya se trabaja en un proyecto de resolución del caso, aunque evitó precisar los alcances de las sanciones o los tiempos del procedimiento.
En una primera declaración, el funcionario señaló que el expediente avanzaba hacia sanciones contra “diversos involucrados”, deslindando inicialmente al titular de la dependencia.
“Sí hay, como lo mencioné, en su momento hay un procedimiento de investigación. Ahorita prácticamente sí se va a realizar el proyecto para que se vaya a una inhabilitación, no del titular, aclaro, no del titular, sino de diversos involucrados”, indicó.
No obstante, minutos después matizó su postura. Al ser cuestionado directamente sobre la situación del titular de la Sedarh, corrigió su declaración al señalar que también se encuentra involucrado, aunque con sanciones diferenciadas.
“También está involucrado, pero son diversas sanciones”, afirmó, sin detallar qué tipo de medidas corresponderían a cada uno de los señalados.
Este cambio introduce un nuevo elemento en el caso: el tránsito de la fase de investigación hacia la definición de responsabilidades. Sin embargo, la información oficial sigue siendo general, ya que no se ha precisado si el proyecto de resolución está concluido, qué instancia lo revisará ni bajo qué criterios se determinarán las sanciones.
El origen del expediente se remonta a inicios de marzo, cuando el Ejecutivo estatal ordenó abrir una investigación tras señalamientos sobre el uso de trabajadores de la dependencia en un evento privado del titular.
De acuerdo con versiones difundidas en ese momento, personal de la Sedarh habría sido convocado para realizar labores de limpieza, pintura y acondicionamiento en un rancho particular previo a un festejo, además de regresar posteriormente para retirar residuos y ordenar el lugar.
En sus primeras intervenciones públicas, la Contraloría se limitó a señalar que el procedimiento estaba en fase inicial. Ahora, al confirmar que el caso “sí va para sanciones”, reconoce avances en el expediente, aunque sin ofrecer detalles que permitan dimensionar su estado actual.
