El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, respaldó la propuesta para que aspirantes a cargos de elección popular sean sometidos a exámenes de control y confianza antes de obtener su registro como candidatos, y consideró que la Fiscalía General de la República también debería participar en ese proceso de evaluación.
La iniciativa fue presentada por el diputado local Héctor Serrano Cortés y plantea modificar la Ley Electoral del Estado para crear una Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad para Postulación Democrática, la cual obligaría a quienes busquen competir por cargos públicos —desde regidurías hasta la gubernatura— a acreditar evaluaciones psicológicas, poligráficas, médico-toxicológicas y de entorno social y económico.
Gallardo Cardona consideró que este tipo de medidas ayudarían a revisar los perfiles de quienes buscan un cargo público y permitirían cerrar el paso a posibles vínculos con la delincuencia organizada. En ese contexto, señaló que la FGR podría encargarse de las evaluaciones relacionadas con posiciones de carácter federal, mientras que las instancias estatales atenderían los procesos locales.
Actualmente, la propuesta contempla que las pruebas sean aplicadas por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, organismo dependiente de la Secretaría General de Gobierno. No obstante, el mandatario estatal sostuvo que abrir la posibilidad de que también participe la Fiscalía permitiría generar mayor certeza y confianza en las evaluaciones.
Asimismo, rechazó que exista un posible conflicto de interés por la participación de distintas instancias gubernamentales y planteó incluso la posibilidad de una “doble vía” para quienes decidan someterse a las pruebas.
Por su parte, Serrano Cortés reconoció que la iniciativa puede generar “sospechosismo”, especialmente por tratarse de una propuesta impulsada por un legislador del Partido Verde en una entidad gobernada por el mismo partido rumbo al proceso electoral de 2027. Sin embargo, defendió que el objetivo es institucionalizar mecanismos de blindaje para evitar que perfiles vinculados con el crimen organizado accedan a cargos públicos.
El legislador admitió que uno de los puntos más delicados del debate será definir quién aplicará las evaluaciones, bajo qué controles y cómo impedir que estas certificaciones puedan utilizarse como herramientas políticas para bloquear candidaturas incómodas o favorecer perfiles afines al gobierno en turno.
“Yo no estoy hablando de partidizar. Estoy hablando de institucionalizar”, afirmó el coordinador del Partido Verde en el Congreso local, quien insistió en que los controles de confianza son mecanismos ya utilizados en el país y cuentan con métodos científicos y profesionalizados.
Serrano aseguró que la iniciativa no está cerrada y adelantó que será analizada en mesas de trabajo con los 27 diputados del Congreso del Estado, con el objetivo de construir consensos entre todas las fuerzas políticas y perfeccionar el planteamiento antes de cualquier dictamen.
El diputado también defendió la necesidad de fortalecer las instituciones públicas como mecanismo para blindar el proceso electoral frente a la infiltración criminal, aunque reconoció que cualquier propuesta relacionada con procesos electorales inevitablemente genera suspicacias políticas.
La discusión sobre esta iniciativa se da a menos de dos años del arranque formal del proceso electoral de 2027 y en medio de un contexto nacional marcado por cuestionamientos sobre la posible intervención del crimen organizado en candidaturas y gobiernos locales.
