El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEE) emitió una sentencia contra el Congreso del Estado de San Luis Potosí al determinar que incurrió en una omisión legislativa al no armonizar la Constitución local con la Constitución federal en materia de consulta popular y revocación de mandato.
De acuerdo con el expediente TESLP/JDC/08/2026, publicado por el órgano jurisdiccional, el 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que incorporó las figuras de consulta popular y revocación de mandato al marco jurídico nacional.
El decreto establecía, en su artículo transitorio sexto, que las entidades federativas contaban con un plazo de 18 meses para adecuar sus constituciones locales, obligación que el Congreso potosino no cumplió.
La armonización debió realizarse durante la Legislatura correspondiente al periodo 2018-2021; sin embargo, han transcurrido casi siete años y tres legislaturas sin que la reforma haya sido incorporada a la Constitución Política del Estado.
Tras analizar la demanda promovida por esta omisión, el TEE resolvió que el Poder Legislativo estatal deberá cumplir con la adecuación constitucional en un plazo de 180 días.
En entrevista posterior, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona respaldó la incorporación de la figura de revocación de mandato en la legislación local, al considerar que fortalece la democracia y permite que la ciudadanía evalúe el desempeño de los servidores públicos.
Gallardo Cardona señaló que este mecanismo debería aplicar para distintos cargos públicos, incluidos gobernadores, diputados locales, diputados federales y alcaldes.
El mandatario recordó que durante el proceso electoral de 2024 manifestó interés en participar en un ejercicio de revocación de mandato; sin embargo, reconoció que la figura no estaba contemplada en la legislación estatal.
Incluso afirmó que, de haber existido dicho mecanismo en ese momento, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) habría obtenido un mayor respaldo electoral.
La resolución del Tribunal se da en medio de las discusiones sobre reformas político-electorales en San Luis Potosí rumbo al proceso de 2027.
