Un día antes de que comparezca ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos, sumó ayer dos andanadas. Por un lado, legisladores locales de Morena entregaron en la Cámara de Diputados federal la solicitud de juicio político contra la panista por permitir la presencia de agentes de la CIA en operativos antinarco.
Y por otro, la jueza de control de la CDMX, Ana Karen Fuerte, envió el pasado lunes un citatorio al correo electrónico de la Mandataria apercibiéndola para que se presente este viernes 29 de mayo a las 10 de la mañana en la sala de oralidad número 8 en Xochimilco, debido a que el senador morenista, Javier Corral, impugnó una resolución judicial que decretó el no ejercicio de acción penal en favor de Campos acusada del delito de privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad.
Los dos hechos, la demanda de juicio político y el citatorio judicial, ocurren en el contexto de las acusaciones de la FGR contra Campos por haber permitido la acción de agentes de la CIA en un operativo de seguridad en la sierra Tarahumara.
En agosto de 2024, policías de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Corral en un restaurante de la CDMX, acusándolo de peculado en su gestión como Gobernador en Chihuahua. En aquel operativo, Corral fue rescatado por Ulises Lara, entonces funcionario de la Procuraduría capitalina. Hoy Lara es subprocurador federal y tiene a su cargo la carpeta de la FGR contra Campos.
Luego de aquel operativo, Corral denunció a Campos por privación ilegal de la libertad pero un juez decretó el no ejercicio de acción penal contra la Gobernadora.
En medio del escándalo, anoche la Fiscalía de la CDMX informó que ese caso que aún litiga Corral estaba cerrado y no hay ninguna acusación vigente contra Campos de parte de esa dependencia.
La defensa de la Gobernadora Campos alertó que Corral y el juez pretenden revocar la resolución judicial y reabrir el expediente.
