Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el cobro que el Ayuntamiento de Villa de Arriaga buscaba aplicar por la instalación de vías férreas dentro de su territorio, al concluir que los municipios no tienen facultades para imponer contribuciones sobre infraestructura estratégica regulada exclusivamente por la Federación.
La resolución deriva de la controversia constitucional 67/2025 promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra la Ley de Ingresos 2025 del municipio, aprobada previamente por el Congreso del Estado de San Luis Potosí.
La legislación municipal contemplaba un cobro de 1.50 pesos por metro lineal de vías ferroviarias, además de una cuota de 620 pesos por trámites de licencia de construcción relacionados con infraestructura de generación eólica.
Con una votación de siete ministros a favor y dos en contra, el Pleno de la Corte determinó que el gravamen sobre vías férreas era inconstitucional debido a que el artículo 28 de la Constitución reserva al Estado mexicano la rectoría del sector ferroviario.
El máximo tribunal sostuvo además que únicamente el Congreso de la Unión puede establecer contribuciones vinculadas con servicios públicos concesionados o explotados por la Federación, por lo que el municipio carece de competencia para exigir este tipo de pagos.
En contraste, el cobro relacionado con infraestructura de generación eólica permanecerá vigente. Aunque cinco ministros consideraron que también debía declararse inválido por involucrar instalaciones asociadas al Sistema Eléctrico Nacional, la propuesta no alcanzó la mayoría calificada de ocho votos necesaria para invalidar la disposición.
La sentencia, emitida por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la ministra ponente María Estela Ríos González, ordena al Ayuntamiento suspender la aplicación del cobro relacionado con las vías férreas una vez que el Congreso estatal sea notificado formalmente.
El fallo se suma a otros criterios recientes emitidos por la Corte contra cobros municipales sobre infraestructura estratégica federal, como ocurrió anteriormente con disposiciones aprobadas en el municipio de Villa de Ramos.
