La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de lo que calificó como la mayor red de contrabando de combustible detectada en México hasta el momento e identificó al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como uno de los presuntos involucrados en la estructura empresarial investigada.
Durante un mensaje, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos explicó que las investigaciones permitieron documentar una red integrada por empresas, operadores logísticos, representantes legales y agencias aduanales que presuntamente introducían combustible al país mediante declaraciones falsas para evadir impuestos y distribuir hidrocarburos de manera ilegal.
De acuerdo con la FGR, el esquema consistía en importar combustible desde refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, declarando únicamente una parte de la carga o registrándola como productos distintos para reducir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Una vez en México, el combustible era trasladado por ferrocarril hasta espuelas ferroviarias, donde era descargado sin los permisos correspondientes y posteriormente distribuido mediante pipas y tractocamiones hacia distintas entidades del país.
La Fiscalía estimó que al menos 15.2 millones de litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades, lo que ocasionó una evasión inicial superior a 106.8 millones de pesos por concepto de IEPS e IVA. No obstante, al ampliar la investigación sobre 4 mil 238 operaciones de importación realizadas entre enero y julio de 2025, calculó que el daño a la Hacienda Pública superó los 4 mil millones de pesos.
Ernestina Godoy señaló que las indagatorias permitieron establecer que la estructura comenzó a operar a través de Ingemar, empresa fundada por Ernesto Ruffo Appel y vinculada originalmente con servicios portuarios, dragados y operación de puertos.
Según la fiscal, las empresas relacionadas con esta red tenían como actividad formal la importación de derivados del petróleo, pero al ingresar los cargamentos desde Estados Unidos declaraban cantidades inferiores a las reales o modificaban la descripción de la mercancía para reducir el pago de contribuciones.
La investigación también identificó centros de operación en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. Como resultado de esta primera etapa fueron giradas órdenes de aprehensión contra 25 personas, entre ellas Ernesto Ruffo Appel y otros presuntos integrantes de la organización.
Tras darse a conocer su presunta vinculación, Ruffo Appel rechazó cualquier participación en actividades ilícitas y aseguró estar dispuesto a entregar la documentación de Ingemar para acreditar la legalidad de sus operaciones.
Sin embargo, el empresario Ricardo Thompson, cofundador de la compañía, sostuvo que tanto Ruffo Appel como José Valdés Cuervo asumieron el control administrativo de Ingemar desde 2018, tras excluirlo de la empresa, y afirmó desconocer si ambos participaron en actividades relacionadas con el llamado huachicoleo.
De acuerdo con información previamente publicada por El Universal, Ingemar fue constituida en octubre de 2018 con un capital social de 50 mil pesos y posteriormente amplió su objeto social para incluir la importación, exportación, almacenamiento y comercialización de combustibles. En 2023 obtuvo un permiso extraordinario para importar hasta 500 millones de litros de gasolina, diésel y turbosina.
