“Si estuviera en mis manos derogar esa ley (Ley Serrano) lo habría hecho con motivo del Día de la Libertad de Expresión”, respondió el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, a los comentarios realizados por el diputado Héctor Serrano Cortés sobre las críticas a la reforma penal relacionada con el uso de Inteligencia Artificial.
El presidente municipal negó ser el “autor intelectual” de los cuestionamientos contra la reforma al Código Penal impulsada para castigar el mal uso de contenidos audiovisuales elaborados mediante herramientas de inteligencia artificial.
Al ser cuestionado sobre los señalamientos del legislador, Galindo respondió que no solo comparte las críticas a la reforma, sino que las expresa públicamente.
“No soy autor intelectual, soy actor material”, afirmó, al sostener que, de estar en sus manos, habría eliminado la legislación aprovechando la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión.
El alcalde señaló que no oculta su postura porque no tiene temor de manifestarla y subrayó que el debate forma parte del ejercicio democrático.
“Él está expresando su opinión y yo estoy expresando la mía”, declaró.
Galindo recordó que la impugnación contra la norma ya se encuentra en análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y destacó que quien promovió la revisión constitucional fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Consideró que Héctor Serrano intentó minimizar la participación del organismo en el caso, pese a que se trata de la institución encargada de proteger los derechos fundamentales en el país.
A decir del alcalde, la intervención de la CNDH no es un asunto menor, pues refleja la preocupación existente sobre una legislación que, según expuso, podría vulnerar derechos humanos y afectar el ejercicio de la libertad de expresión.
Por ello, insistió en que será la Suprema Corte la instancia encargada de determinar la validez constitucional de la reforma.
Asimismo, sostuvo que la aprobación de la llamada “Ley Serrano” ya generó consecuencias políticas e institucionales que alcanzan a diversos actores públicos.
Finalmente, señaló que este caso evidencia la necesidad de que las iniciativas legislativas sean sometidas a un análisis más profundo antes de ser aprobadas, con el objetivo de evaluar adecuadamente sus posibles impactos.
