En medio de la controversia por la llamada “Ley Serrano”, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, cuestionó que actores políticos o autoridades pretendan definir quién puede considerarse periodista o comunicador, al advertir que ello representa un riesgo para la libertad de expresión.
El pronunciamiento surge tras las declaraciones del diputado Héctor Serrano Cortés, quien sostuvo que no cualquier persona puede asumirse como periodista, postura que ha generado críticas entre sectores de la comunicación y organizaciones civiles.
Galindo rechazó la idea de establecer categorías entre periodistas, comunicadores, creadores de contenido o ciudadanos que utilizan plataformas digitales para informar, opinar o cuestionar asuntos públicos.
“Yo no soy quién para calificar quién comunica y quién no”, expresó el edil.
El alcalde sostuvo que el debate de fondo no debería centrarse en determinar quién tiene legitimidad para comunicar, sino en garantizar que ninguna persona sea perseguida, censurada o criminalizada por ejercer su derecho a expresarse.
En ese sentido, consideró preocupante desacreditar voces críticas bajo criterios de formación académica o pertenencia a medios tradicionales, particularmente en un entorno donde la comunicación digital ha transformado la circulación de la información.
Galindo recordó además que algunos de los periodistas más influyentes del país construyeron su prestigio a partir de su trayectoria profesional y credibilidad, más que de una formación universitaria específica.
“Muchos grandes periodistas de este país no estudiaron ni periodismo ni ciencias de la comunicación”, señaló.
Las declaraciones del presidente municipal también representan una crítica indirecta al enfoque que ha acompañado la reforma en materia de inteligencia artificial y violencia digital aprobada en el Congreso local.
Para Galindo, el riesgo no radica únicamente en las sanciones previstas por la ley, sino en la posibilidad de que el poder político pretenda decidir quién tiene derecho a informar o participar en la conversación pública.
“Todo mundo opina. Vivimos en el mundo de las redes sociales, en un mundo muy abierto”, afirmó.
La discusión en torno a la Ley Serrano ha evolucionado de un debate sobre regulación tecnológica a una discusión más amplia sobre censura, libertad de expresión y el alcance del derecho penal frente a publicaciones en internet.
