El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el desmantelamiento de Alligator Alcatraz, el controvertido centro de detención para migrantes ubicado en los Everglades, al oeste de Miami, aunque aseguró que el estado mantendrá su respaldo a la política migratoria impulsada por Donald Trump.
Durante una conferencia de prensa, acompañado por Tom Homan, DeSantis sostuvo que el centro “cumplió su función” como instalación temporal para apoyar al gobierno federal en la retención de migrantes en espera de deportación.
El mandatario aseguró que 21 mil personas fueron procesadas en el recinto y confirmó que actualmente ya no queda ningún detenido en el lugar, aunque aclaró que quienes permanecían ahí continúan bajo custodia federal en otros centros.
El cierre marca el fin de una de las iniciativas más polémicas de la agenda antiinmigrante de Trump. Desde su apertura en junio de 2025, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron presuntas violaciones graves, incluyendo malas condiciones sanitarias, atención médica deficiente, hacinamiento, falta de acceso legal y tratos degradantes.
De acuerdo con diversos reportes, la mayoría de las personas recluidas en el centro no contaban con antecedentes criminales.
El complejo fue construido en apenas ocho días sobre una antigua pista aérea del condado de Miami-Dade, mediante carpas, remolques y estructuras temporales financiadas con recursos estatales de emergencia. Su operación superó el millón de dólares diarios, mientras Florida espera un reembolso federal cercano a 600 millones de dólares.
Pese al cierre, DeSantis afirmó que Florida continuará colaborando con autoridades migratorias federales mediante acuerdos de cooperación policial y mantendrá operativos otros centros de detención, como Deportation Depot.
Por su parte, Homan reiteró que la administración Trump mantendrá una política de aplicación estricta de las leyes migratorias, con arrestos y deportaciones masivas como eje central de su estrategia fronteriza.
El desmantelamiento ocurre en medio de litigios federales. Organizaciones ambientalistas y la tribu Miccosukee Tribeimpugnaron la legalidad del centro por haberse construido sin evaluaciones ambientales en una zona ecológicamente sensible de los Everglades.
Aunque activistas celebraron el cierre, insistieron en que debe existir rendición de cuentas por los presuntos abusos cometidos durante la operación del centro.
