El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que su administración no reprime las manifestaciones sociales, aunque advirtió que no permitirá acciones que vulneren el derecho al libre tránsito en carreteras, calles y vialidades de la entidad.
El mandatario estatal reconoció que las protestas forman parte del ejercicio legítimo de la libre expresión y del derecho a la manifestación, pero subrayó que estas movilizaciones no deben afectar a terceros ni paralizar la circulación en vías estratégicas.
Gallardo Cardona criticó los bloqueos carreteros registrados recientemente en distintos puntos del estado y señaló que, si bien las demandas de los manifestantes pueden ser válidas, este tipo de acciones termina afectando a miles de ciudadanos que necesitan desplazarse por motivos laborales, personales o de emergencia.
“Debe de haber un diálogo permanente con la gente, y no debemos llegar a obstaculizar o dañar a terceras personas”, declaró.
El gobernador sostuvo que el Gobierno del Estado priorizará en todo momento el diálogo y la negociación con grupos inconformes para evitar escenarios de confrontación, reiterando que la vía institucional seguirá siendo la principal herramienta para atender conflictos sociales.
No obstante, insistió en que quienes participen en movilizaciones también deben actuar con responsabilidad y respeto hacia las y los usuarios de calles, avenidas y carreteras.
En otro tema relacionado con recientes movilizaciones en Soledad de Graciano Sánchez, Gallardo afirmó no contar con información precisa sobre la actuación de la policía municipal durante los incidentes reportados.
Asimismo, aclaró que elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar, pero aseguró que no participaron en altercados ni realizaron intervenciones directas durante los hechos.
“La Guardia Civil Estatal llegó y se retiró; ellos no estuvieron presentes en ningún tipo de altercados”, puntualizó.
Las declaraciones del mandatario se dan en medio del debate sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y la garantía de movilidad, un tema que ha cobrado relevancia en la agenda pública potosina ante el incremento de manifestaciones y bloqueos en la zona metropolitana.
