El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó modificaciones de fondo a la reciente reforma del Poder Judicial del Estado, redefiniendo reglas clave sobre la sustitución de magistraturas, la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la operación interna del sistema judicial, a menos de seis meses de que entrara en vigor el nuevo modelo.
El dictamen fue avalado en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Segunda de Justicia apenas 13 días después de su recepción y posteriormente aprobado en el Pleno con 20 votos a favor y 4 en contra, en una sesión marcada por cuestionamientos sobre la rapidez con la que se modificó una estructura que apenas comenzaba a implementarse.
Cambian reglas para suplir vacantes judiciales
Uno de los cambios centrales revierte el mecanismo aprobado en la reforma de 2024 para cubrir vacantes en magistraturas.
Originalmente, cuando una magistratura quedara vacante, el cargo sería ocupado por la persona que hubiera obtenido la segunda mayor votación en la elección judicial. Con la nueva modificación, ese criterio queda eliminado.
Ahora, será el propio Poder Judicial quien nombre de manera provisional a secretarios de acuerdos para ocupar temporalmente las vacantes, hasta que el cargo vuelva a someterse a un nuevo proceso electoral.
El ajuste devuelve mayor margen de decisión institucional al Poder Judicial y reduce el peso directo del resultado electoral en la integración inmediata de vacantes.
Modifican presidencia del STJE
La reforma también impacta de forma directa en la designación de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia.
El esquema aprobado el año pasado contemplaba una presidencia rotativa cada dos años, definida con base en la votación ciudadana obtenida por las magistraturas electas.
Con la nueva modificación, la presidencia dejará de depender del voto ciudadano y pasará a definirse mediante votación interna entre magistrados, con una duración de tres años.
Los legisladores que respaldaron el cambio argumentaron que esta medida permitirá fortalecer la operatividad institucional y garantizar criterios de gobernabilidad y paridad de género.
Morena cuestiona retroceso democrático
Durante la discusión legislativa, la diputada Gabriela López Torres fue una de las voces más críticas y votó en contra del dictamen.
La legisladora advirtió que las modificaciones representan un retroceso respecto al modelo de elección judicial impulsado en la reforma anterior, al reducir la incidencia de la ciudadanía en decisiones fundamentales.
López Torres cuestionó particularmente que la presidencia del STJE deje de definirse por votación ciudadana y que las vacantes ya no sean ocupadas por quienes obtuvieron los siguientes mejores resultados electorales.
A su juicio, los cambios terminan fortaleciendo al propio aparato judicial y debilitando el principio de legitimidad democrática.
“El ajuste beneficia al propio Poder Judicial”, señaló.
La reforma reabre el debate sobre el equilibrio entre autonomía institucional y participación ciudadana dentro del nuevo modelo de justicia en San Luis Potosí.
