Las alarmas ambientales y sociales se encendieron en la Huasteca Potosina luego de que el alcalde de San Antonio, Benito González Hernández, hiciera público un oficio enviado por Petróleos Mexicanos (Pemex), en el que solicita al Ayuntamiento otorgar su firma y sello de conformidad para mantener vigente un permiso relacionado con el consumo de material explosivo dentro del municipio.
El documento generó preocupación inmediata entre autoridades locales y habitantes de la región, al reabrir el debate sobre posibles actividades de exploración petrolera y el eventual uso de técnicas como el fracking, una práctica que durante años ha sido rechazada por colectivos ambientalistas y comunidades indígenas debido a sus posibles impactos ecológicos.
El oficio, identificado con la clave PM-DEE-SE-GG-426-2026, fue dirigido al presidente municipal y firmado por el representante legal de Pemex, Rubén Antonio Aranda Benítez. En él, la paraestatal solicita formalmente el aval del Ayuntamiento mediante el formato RFA-EXM-001, denominado “Conformidad respecto de Seguridad y Ubicación del Lugar de Consumo”.
Dicho formato constituye un requisito establecido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para mantener actualizado el Permiso General número 63-S.L.P., autorización que permite el manejo de agentes detonantes en territorio potosino.
Aunque Pemex sostiene en el documento que sus actividades de exploración y extracción de hidrocarburos se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad industrial, protección ambiental y desarrollo sustentable, la referencia explícita al uso de explosivos encendió alertas entre autoridades municipales y organizaciones sociales.
El alcalde Benito González Hernández fijó una postura de rechazo ante cualquier acción que pueda facilitar actividades vinculadas con la exploración petrolera o la fractura hidráulica en la región, al considerar que existe un riesgo potencial para el equilibrio ambiental de la Huasteca.
Para el edil y diversos grupos ejidales, autorizar este tipo de solicitudes podría traducirse en afectaciones a los mantos acuíferos, además de representar una amenaza para los ecosistemas y para las comunidades indígenas Tének y Náhuatl que habitan la zona.
La preocupación se centra en el impacto que una eventual actividad extractiva podría generar sobre los recursos hídricos, la biodiversidad y las condiciones de vida de las poblaciones locales, en una región reconocida por su riqueza natural y por la dependencia directa de sus comunidades respecto al agua y la tierra.
El caso también reactivó el debate público sobre la protección de la Huasteca Potosina frente a proyectos energéticos de alto impacto, mientras crece la exigencia de mayor transparencia por parte de las autoridades federales respecto al alcance real de este tipo de permisos.
