La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la actividad pesquera que se realiza en la presa Cañada del Lobo, en San Luis Potosí, no cuenta con una concesión piscícola o acuícola, por lo que dio vista a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que determine si existen afectaciones a la fauna o al equilibrio ambiental del embalse.
El director local de la Conagua, Darío Fernando González Castillo, explicó que la dependencia únicamente tiene competencia sobre la administración del vaso y la cortina de la presa, por lo que no le corresponde evaluar la magnitud de los posibles daños ambientales derivados de la extracción de peces.
El funcionario señaló que la información recabada ya fue remitida a la Profepa, instancia responsable de investigar posibles afectaciones a la flora y fauna, así como de determinar si las actividades realizadas en el sitio constituyen alguna irregularidad ambiental.
Asimismo, informó que personal de la Profepa ya realizó una inspección en la presa y actualmente integra el expediente correspondiente para emitir una resolución.
González Castillo reiteró que la Conagua no tiene facultades para establecer si la pesca representa un daño grave para el ecosistema, ya que esa valoración corresponde exclusivamente a la autoridad ambiental federal.
En otro tema, el director local destacó que la oficina de la Conagua en San Luis Potosí ocupa el primer lugar nacional, entre 30 organismos de cuenca, en inspecciones relacionadas con la extracción y el aprovechamiento de aguas nacionales, así como en procedimientos sancionatorios.
Precisó que durante este año se han realizado más de 240 visitas de inspección, se han clausurado más de 30 extracciones ilegales de agua y se mantienen alrededor de 80 procedimientos administrativos en los que ya fueron impuestas sanciones.
Entre los casos atendidos mencionó el de la empresa Minera México, ubicada en el municipio de San Nicolás Tolentino, donde la dependencia ya aplicó una sanción e inició apercibimientos por irregularidades detectadas en el manejo del recurso hídrico.
Finalmente, explicó que las infracciones más comunes corresponden a concesionarios que utilizan el agua para fines distintos a los autorizados y a personas que realizan extracciones sin contar con un título de concesión. Añadió que, mientras algunos infractores regularizan su situación tras pagar las multas, otros optan por impugnar las resoluciones mediante juicios de nulidad o recursos de revisión.
