La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunció un patrón de uso excesivo de la fuerza y de tácticas de intimidación por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante operativos migratorios realizados en Estados Unidos durante 2025.
En el informe Agentes de caos y crueldad, la organización analizó más de mil 200 incidentes registrados en estados como Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Luisiana, Maryland y Nuevo México, donde identificó 432 casos de presunta mala conducta por parte de agentes migratorios.
De acuerdo con el documento, los agentes recurrieron en al menos 81 ocasiones a maniobras consideradas de alto riesgo, entre ellas inmovilizaciones por el cuello, presión con las rodillas sobre la espalda y estrangulamientos, prácticas que diversas corporaciones policiales han restringido por el riesgo de provocar lesiones graves o la muerte.
La ACLU documentó además 375 incidentes relacionados con el uso o la amenaza del uso de la fuerza. De ellos, 241 involucraron agresiones físicas, 128 amenazas con armas o fuerza, 105 el uso de equipo como porras, dispositivos de descargas eléctricas y granadas aturdidoras, además de 86 casos con agentes químicos irritantes y 82 en los que los agentes utilizaron vehículos para acorralar o impactar a personas.
Entre los casos incluidos en el informe se encuentra el de Ricardo Aguayo Rodríguez, un trabajador de la construcción originario de Zacatecas, quien fue detenido en Illinois. Según la denuncia de su familia, pese a no representar una amenaza, fue golpeado, rociado con gas pimienta y sometido mediante un estrangulamiento. Tras permanecer alrededor de cuatro meses bajo custodia migratoria y denunciar falta de atención médica, fue deportado a Ciudad Juárez con diversas lesiones.
Otro de los casos corresponde a Julio César Peña, un migrante mexicano con enfermedad renal en etapa terminal, quien fue detenido en California. Durante su estancia bajo custodia sufrió un accidente cerebrovascular y, de acuerdo con la ACLU, permaneció esposado a una cama de hospital mientras agentes vigilaban sus comunicaciones. Fue liberado meses después debido a su estado de salud y falleció semanas más tarde.
El informe también documenta el operativo realizado contra la familia Robles Ortega en Oceanside, California, donde agentes armados irrumpieron en una vivienda utilizando granadas aturdidoras, un dron y fuerza para ejecutar una orden de arresto. Durante la intervención, dos menores de edad, ciudadanos estadounidenses, fueron esposados antes de ser liberados.
La organización sostiene que estos hechos reflejan un patrón en el que el uso de la fuerza y la intimidación se emplean como mecanismos habituales para garantizar el cumplimiento inmediato de las órdenes migratorias, más que como respuesta a amenazas reales.
Por su parte, el Gobierno de México informó que ha presentado 20 denuncias penales ante autoridades estadounidenses por la muerte de connacionales ocurridas durante operativos o bajo custodia migratoria desde mayo de 2025. La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que los casos corresponden a ocho denuncias ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condados, mientras que al menos 17 mexicanos han fallecido durante ese periodo en circunstancias relacionadas con acciones del ICE.
